Vendetta legal usada para rematar a Miguel Uribe en una UCI

El sindicalismo colombiano tiene hoy una obligación ineludible con el país: destituir de manera fulminante a Carlos Alberto Sánchez Gras, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles del Ministerio de Defensa (Sintramin) y miembro de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC).

 Su decisión de demandar a Miguel Uribe Turbay, mientras este agonizaba tras un atentado sicarial, no fue una acción jurídica cualquiera: fue un acto de sevicia institucional, ejecutado desde el rencor y avalado ideológicamente por el discurso del poder.

Y aquí hay que ser claros: no fue un acto aislado. Fue coherente con la narrativa estigmatizante promovida por el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico

 Un acto de sevicia institucional

Carlos Sánchez Gras presentó una demanda de pérdida de investidura contra Miguel Uribe en su momento más vulnerable. No había urgencia jurídica. No había una amenaza al orden institucional. Lo que sí había era una oportunidad política para golpear al caído. Eso se llama sevicia. La sevicia jurídica no requiere sangre: basta con actuar sin alma.

La pregunta no es solo por qué lo hizo, sino por qué lo hizo justo cuando Uribe estaba en cuidados intensivos. La respuesta es incómoda, pero evidente: porque sabía que ese era el momento en que el adversario no podía defenderse. Eso no es liderazgo sindical. Eso es cobardía política.

 El sindicalismo ético que Sánchez Gras traicionó

El Convenio 87 de la OIT garantiza la libertad sindical, pero exige ética, democracia interna y representatividad. Sánchez Gras violó esos tres principios. No actuó en defensa de derechos laborales. No protegió a ningún trabajador. Solo representó su militancia petrista.

Por eso la Confederación UTC y sindicatos del Ministerio de Defensa como Asppmindefensa se deslindaron de su acción. Pero eso no es suficiente. El sindicalismo no se redime con comunicados tibios. Se redime con decisiones firmes: la destitución inmediata de quien ha usado la representación gremial como vehículo de persecución política.

La estigmatización presidencial que habilita el odio

Días antes del atentado, el presidente Gustavo Petro escribió más de 40 trinos contra Miguel Uribe, en uao de los cuales manifestó: “nieto de un presidente que ordenó torturas”. Esa afirmación —insinuación velada de culpa hereditaria— deshumanizó al contradictor y lo convirtió en símbolo de una historia a erradicar. No fue una opinión: fue una sentencia moral desde el poder.

Esa narrativa del Pacto Histórico ha sido sistemática: el que piensa distinto es corrupto, paramilitar, explotador o criminal. En ese ambiente, actos como el de Sánchez Gras no son errores: son ejecuciones discursivas transformadas en acciones concretas. Son el producto directo de un liderazgo que siembra antagonismos irreconciliables.

Proporcionalidad y solidaridad, principios violados

El artículo 95 de la Constitución exige actuar con solidaridad. La proporcionalidad, como principio jurídico, obliga a que toda acción legal sea necesaria y justa. Sánchez Gras ignoró ambos mandatos.

¿Era necesario demandar a un senador en UCI? ¿Qué urgencia lo justificaba? Ninguna. Solo el deseo de avanzar sobre el herido. Así se desnaturaliza el derecho: cuando se usa como arma personal, no como instrumento de justicia.

 Lo que exige la OCDE al sindicalismo responsable

La OCDE, organismo al que Colombia pertenece, ha sido clara en sus lineamientos: el sindicalismo debe ser ético, transparente, representativo y ajeno a instrumentalizaciones partidistas. La conducta de Sánchez Gras va contra todos esos estándares.

No defendió derechos laborales. No promovió el diálogo social. Usó su cargo como fachada para una vendetta. Eso no es sindicalismo moderno. Es activismo servil.

Los sindicatos que financiaron a Petro: ¿ahora qué?

Fecode y otros sindicatos aportaron sumas millonarias a la campaña de Petro. Ese respaldo, comprometió gravemente la independencia del sindicalismo colombiano. Lo volvió actor político, no social. Lo amarró a una causa partidista, no a una causa obrera.

Hoy, cuando un dirigente como Sánchez Gras reproduce el tono agresivo del presidente, se evidencia que las donaciones compraron obediencia. Pero si el sindicalismo quiere recuperar su alma, debe empezar por romper ese ciclo de servilismo. Y eso empieza con un acto concreto: expulsar a quien usó la ley para dañar a quien se debate entre la vida y la muerte. Además, a su valiente esposa, hijos y familiares.

 Las organizaciones sindicales como la  UTC y Sintramin tienen una deuda con la familia Uribe Tarazona y Colombia.

La UTC, Sintramin y todos los sindicatos afines deben actuar. No basta con decir que “no lo representan”. Si no lo expulsan, lo legitiman. Y con él, legitiman el uso cruel de la ley, la pérdida de la humanidad y la traición al trabajador que lucha por justicia, no por venganza.

Sánchez Gras no es un individuo más. Es un síntoma que expresa veneno.

Lo de Sánchez Gras fue sevicia. Fue política disfrazada de ley. Fue militancia servil a Petro, ejecutando la narrativa del poder. Y por eso, la obligación ética del sindicalismo no es deslindarse: es destituirlo.

Si la UTC, Sintramin, Fecode y los sindicatos que financiaron a Petro no actúan, el país sabrá que escogieron la sumisión al poder antes que la dignidad del trabajador. El país los observa. Y la historia también.

Carlos Sánchez Gras debe salir, para empezar de nuevo a recuperar la dignidad sindical colombiana.

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