En su denuncia, Alejandro Carranza menciona a Andrés Cuenca de la Comisión de Acusaciones por tramitar los señalamientos de Leyva sobre la drogadicción de Petro
El representante a la Cámara Andrés Cuenca, elegido en las listas de Cambio Radical por el departamento del Guaviare, fue escogido el 10 de junio de 2025 como coordinador de un ‘triunvirato’ que investigaría una supuesta adicción a las drogas que inhabilitaría al presidente Gustavo Petro para gobernar.
La asignación, que habría de generarle un problema quizá insospechado por él, le llegó tan pronto como la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara recibió una denuncia presentada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, basada en las controversiales cartas públicas del excanciller Álvaro Leyva.
Junto a sus compañeros en el equipo indagación, los congresistas Olga Lucía Velásquez Nieto y Wadith Manzur Imbett -investigado por el escándalo de la Ungrd- Cuenca produjo un auto de admisión en el que se leía: “Las cartas suscritas por el exministro Álvaro Leyva Durán contienen afirmaciones que ameritan verificación, en tanto podrían comprometer el cumplimiento de los deberes funcionales, la moralidad pública y la idoneidad del Jefe de Estado”. Como cabeza del equipo el representante de Cambio radical informó públicamente sobre lo decidido.
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Su actuación cayó mal en la Casa de Nariño y fue interpretada, desde el comienzo, como una declaración orientada a hacerles eco a las cartas Leyva a las que el gobierno ha atribuido desde el comienzo una intenciones difamatorias y desestabilizadoras.
El asunto no concluiría ahí. Un mes después, el miércoles 2 de julio, al radicar ante la Fiscalía general de la Nación la denuncia penal por el contrario Leyva por su posible trama golpista, el penalista Alejandro Carranza -apoderado el presidente de la República- señaló en su memorial que el pronunciamiento de Cuenca podría representar una violación a la reserva del sumario con la deliberada intención de sumarse a los propósitos de Leyva.
“El Representante Cuenca Chaux, actuando por fuera del triunvirato investigador de la Comisión, filtró a la prensa información confidencial en pleno proceso de acusación. Esta filtración sirvió para dar eco a la narrativa sembrada por Leyva, consolidando una estrategia discursiva coordinada”, le dijo Carranza a Las2Orillas.
En su denuncia penal contra Leyva, por los delitos de conspiración, instigación a delinquir, menoscabo de la integridad nacional, calumnia e injuria, lo plantea de esta manera: “Reportes periodísticos nacionales indican que el representante Andrés Cuenca Chaux, miembro de la Comisión de Acusaciones, filtró detalles de las denuncias basadas en las cartas de Leyva, vulnerando la reserva sumarial establecida en el artículo 250 de la Constitución y el artículo 330 de la Ley 600 de 2000. La Corte Constitucional, en la sentencia C-934/2004, ha advertido que la violación de la reserva sumarial constituye una herramienta de presión indebida que afecta el debido proceso, especialmente en investigaciones contra funcionarios aforados como el Presidente”.
El jurista llega a una conclusión según la cual la responsabilidad directa recae en Cuenca Chaux esas “filtraciones”, que coincidieron con el momento álgido de la que llama “narrativa desestabilizadora de Leyva, indican una posible coordinación con actores políticos y mediáticos para amplificar la crisis, reforzando la hipótesis de conspiración”.
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La afirmación causó sorpresa en la oficina del congresista de Cambio Radical, pero miembros de su unidad legislativa dijeron que él solo se pronunciará al respecto si alguna autoridad competente se lo pide.
El de Cuenca no es el único nombre distinto al de Leyva mencionado en las 16 páginas que integran la denuncia penal. Allí también se alude a los viajes hechos por Vicky Dávila, aspirante presidencial, a Washington.
“Leyva y Dávila -plantea el documento- viajaron por separado a EE. UU. a reunirse con congresistas republicanos, según registros diplomáticos y testimonios, construyendo un relato externo de ilegitimidad sin respaldo institucional del Estado colombiano”.
Carranza le pide a la Fiscalía ordenar un peritaje forense digital sobre los audios filtrados en los que interviene el exministro Leyva, con el objeto de autenticar su contenido, verificar su integridad, edición o alteración y establecer la fecha, contexto y dispositivos de grabación. También para determinar su coincidencia con agendas políticas, comunicacionales o institucionales de actores mencionados.
También pone en escena el nombre de Iván Márquez, jefe de una disidencia de las Farc. Según el denunciante, declaraciones públicas hechas el 3 de agosto 2023 por el entonces canciller Leyva sobre la supuesta supervivencia de Márquez legitimaron simbólicamente a un actor armado ilegal. “Estas afirmaciones excedieron las funciones de Leyva y anticiparon una narrativa de violencia política que se conecta con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay en junio de 2025, perpetrado por una disidencia vinculada a Márquez.
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