¿Perseguidos o investigados? Las dudas que genera la petición de asilo de los cercanos a Iván Duque

El asilo político se usa como escudo de impunidad por allegados a Duque, replicando la vieja táctica uribista de disfrazar delitos como persecución

Los recientes titulares en medios afines a la derecha colombiana, que citan una agencia de derechos humanos francesa para señalar que allegados al expresidente Iván Duque buscarían asilo político ante una supuesta «persecución», despiertan profundas sospechas que apuntan a una estrategia de evasión de la justicia.

Nuevamente, la narrativa de la prensa orgánica de los poderosos gremios colombianos pretende encender una alarma humanitaria, ocultando deliberadamente que, desde hace tiempo, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría investigan y procesan a figuras del entorno de Duque por graves presuntos delitos como corrupción, narcotráfico, vínculos con grupos ilegales, tráfico de influencias y peculado.

La instrumentalización del asilo político para evadir procesos judiciales no es nueva, ni en la región ni en Colombia. Como lo señala el politólogo Günther Maihold (Universidad Libre de Berlín), este mecanismo fue usado en el escándalo Odebrecht por expresidentes peruanos como Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, quienes «adujeron ser perseguidos políticos» precisamente al perder su inmunidad, buscando transformar causas penales en conflictos políticos, fenómeno que parece replicarse ahora en Colombia.

Acudiendo al gran desconocimiento en materia jurídica del ciudadano promedio (tal y como se observó en el espectáculo “académico”, para el que tristemente se prestó el actual ministro de justicia de Colombia); la mal llamada gran prensa colombiana trata de confundir con esta figura legal fundamental, a la que  el profesor Ricardo Arredondo (UBA) se refiere señalando que:  “el asilo diplomático está destinado a proteger a personas perseguidas por motivos políticos, raciales o religiosos, no a delincuentes comunes”. Sin embargo, como admite Arredondo, algunos gobiernos de derecha a menudo ignoran la Convención de Caracas (1954) y otorgan protección a individuos procesados o condenados por delitos comunes, socavando la justicia del país de origen.

En Colombia, este guion ya fue ensayado por el círculo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, mentor político de Duque y, actualmente, también procesado por la justicia colombiana. Funcionarios de su administración, investigados o condenados en casos como las «chuzadas» del DAS, la «Yidispolítica», los «falsos positivos» o Agro Ingreso Seguro (AIS), adoptaron sistemáticamente el mismo libreto: acusar a los órganos judiciales y de control de orquestar una «campaña de desprestigio y persecución» en connivencia con «criminales y falsos testigos», buscando, según el relato de la derecha, dañar políticamente a Uribe. Esta narrativa, como bien señala José Gregorio Hernández (2010), es una «sindicación muy grave» contra la institucionalidad judicial, carente de pruebas, pero con potencial para encontrar oídos receptivos en gobiernos amigos, como sugirió el caso panameño.

La solicitud de asilo por parte de allegados a Duque, antes incluso de que exista una acción judicial concreta que pudiera interpretarse como persecución (más allá de las investigaciones en curso por delitos graves), parece seguir esta misma línea de acción. Como explica Pedro Díaz (Universidad Austral de Chile), determinar el límite entre delito común y político es complejo, pero el derecho internacional es claro: el asilo no puede invocarse contra acciones judiciales originadas en delitos comunes o actos contrarios a los principios de la ONU, tal como establece el Artículo 14.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y reiteran las convenciones de La Habana (1928), Montevideo (1933) y Caracas (1954). El asilo requiere una persecución probada y cierta por motivos políticos, no la mera existencia de investigaciones legítimas por corrupción o narcotráfico.

Resulta indignante que, tal y como concluye contundentemente el constitucionalista y exmagistrado José Gregorio Hernández: «se use esta institución para evadir la acción de la justicia o para burlar a los tribunales del Estado de origen«. Los Estados tienen soberanía para conceder asilo, pero también para exigir que otros no interfieran en su administración de justicia.

La narrativa de «persecución política» promovida por el uribismo en Colombia, manipulada e impulsada por medios periodísticos orgánicos, no solo desacredita el trabajo de las instituciones colombianas, sino que busca torpedear procesos judiciales legítimos, convirtiendo el asilo en un escudo para la impunidad. Ante investigaciones por delitos concretos y graves de funcionarios uribistas, el clamor por asilo suena como una táctica política calculada para evadir la rendición de cuentas, continuando un peligroso precedente establecido por Álvaro Uribe y ahora replicado por Iván Duque.

También le puede interesar: