Así es la dura pelea contra el contrabando de licor y cigarrillos del caribe al Amazonas

Los 32 gobernadores del país, con Erasmo Zuleta a la cabeza, junto a la policía, han hecho una fuerza para buscar de tienda en tienda botellas y cajetillas ilegales

Todos los días, miles de cajetillas de cigarrillos y otras tantas botellas de licor entran a Colombia de manera ilegal por rutas escondidas, al lado de la corrupción, esquivando controles de aduanas y el pago de millonarios impuestos. No hacen ruido, no dejan rastro, pero sus efectos están ahí, golpeando donde más duele: la salud de los colombianos y las finanzas de los departamentos a donde llegan. No se trata solo de una ilegalidad o de cifras. Es una realidad afecta de cerca a todos, y que necesita atención urgente.

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Para enfrentar esta amenaza que avanza en silencio, los departamentos del país —con el respaldo de la Federación Nacional de Departamentos (FND)— han decidido actuar en bloque. Han puesto en marcha una estrategia que va mucho más allá de decomisos: combina prevención, pedagogía, vigilancia constante y acciones en campo para frenar el contrabando y proteger lo que es de todos.

Con el liderazgo del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, quien preside actualmente la FND, se ha fortalecido la coordinación entre los departamentos para cerrar el paso a los productos ilegales. El Programa Anticontrabando es el corazón de este esfuerzo: una iniciativa que une capacidades técnicas, operativas y comunicativas para cuidar los recursos públicos que deben llegar a la salud, la educación y el deporte.

Control en terreno: la primera línea

En el centro de esta labor están los Grupos Operativos Anticontrabando. Estos equipos, conformados por funcionarios departamentales, técnicos especializados y miembros de la Policía Nacional, recorren bares y tiendas, también bodegas, distribuidoras y eventos públicos para revisar con ojo de águila que los cigarrillos, cervezas y licores que se venden estén en regla: con sus sellos, estampillas y registros al día.

No es una tarea sencilla. Requiere preparación, estrategia y presencia constante en grandes ciudades y pequeños municipios por igual. En el Valle del Cauca, por ejemplo, solo en el último año se realizaron más de 240 visitas de inspección, que terminaron con la incautación de más de 20.000 cajetillas de cigarrillos extranjeros y cerca de 11.500 unidades de licor sin documentos en regla.

Pero no todo pasa por los operativos. La estrategia también pone énfasis en la prevención. A través de talleres, campañas educativas y jornadas de sensibilización, se busca generar una cultura de legalidad que involucre tanto a quienes venden como a quienes compran.

En ferias, cabalgatas, fiestas tradicionales y barrios populares, funcionarios y autoridades trabajan de la mano con los comerciantes —formales e informales— para enseñarles cómo reconocer productos legales, qué riesgos implica el contrabando, y por qué es clave vender trago y cigarrillos legales. Estos encuentros han sido especialmente de gran importancia en zonas donde el contrabando tiene raíces profundas y formas muy particulares de operar.

Uno de los programas más exitosos ha sido el de los “Puntos de Venta Responsable”. En estos espacios, se capacita directamente a tenderos y pequeños comerciantes: cómo identificar estampillas auténticas, cómo leer los códigos de trazabilidad, y qué hacer si reciben ofertas de productos sospechosos. Son acciones pequeñas, pero con un impacto grande.

La lucha contra el contrabando también se libra con datos. A través del Observatorio de Registro y Control de Aprehensiones (ORCA), se recopila y analiza información clave: rutas, productos más vulnerables, zonas críticas, patrones de ingreso. Esta inteligencia permite anticiparse y ajustar las estrategias sobre la marcha.

Uno de los estudios más reveladores ha sido el que mide el consumo de cigarrillos ilegales en el país. Los datos más recientes hablan por sí solos: casi 4 de cada 10 cigarrillos que se consumen en Colombia son de contrabando. Vienen de países tan diversos como Uruguay, Estados Unidos, Corea del Sur o China. Además del golpe a las finanzas públicas, el contrabando de estos productos representa un riesgo sanitario, porque nadie controla lo que contienen ni la manera en que estos son fabricados.

La efectividad de esta estrategia no sería posible sin la colaboración entre instituciones. Los equipos anticontrabando de la FND trabajan de la mano con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la DIAN, el INVIMA, la Fiscalía, autoridades de salud y, en los puertos fluviales, también con la Armada Nacional.

El Valle del Cauca es un caso que ilustra bien esta coordinación. Con múltiples accesos por tierra, mar y aire, la región ha fortalecido su relación con la Policía de Carreteras, la base naval y la DIAN para evitar el ingreso de mercancía ilegal. Lo mismo ocurre en La Guajira, Cesar o Bolívar, donde el Plan Caribe 2025, impulsado por la FND, ha reforzado el control en corredores históricamente vulnerables.

Las pérdidas económicas que deja el contrabando son enormes. Se estima que año tras año el país deja de recibir un billón de pesos por el contrabando de cigarrillos y licor.

Además, el contrabando de licor no es solo un problema legal. Es un riesgo directo para la salud. Se han detectado bebidas adulteradas con sustancias químicas altamente tóxicas, que pueden causar daños severos, incluso la muerte. Por eso, una parte clave del programa es proteger no solo los ingresos del Estado, sino también la vida de quienes, muchas veces sin saberlo, están expuestos a estos productos.

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