La Unidad para las Víctimas está paralizada: sin atención, sin contratos y con un director sin experiencia, la reparación quedó en pausa y las víctimas también
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La Unidad para las Víctimas está detenida. Los procesos de vinculación de evaluadores se frenaron, las contrataciones se congelaron y miles de víctimas siguen esperando atención, mientras en la dirección se acomoda un nombramiento lleno de dudas. Todo esto mientras en redes se pregona el “enfoque de dignidad” y “reparación integral” como si fueran mantras vacíos.
Adith Romero Polanco, el nuevo director, llegó al cargo con una hoja de vida que genera más preguntas que certezas. Su experiencia está centrada en la seguridad personal, sin trayectoria técnica en atención psicosocial, gestión de políticas de víctimas o administración de procesos de reparación. En resumen, pasamos de exigir un liderazgo técnico y operativo a conformarnos con un nombramiento que parece responder a cuotas políticas y no al mérito que merece una entidad que atiende el dolor de las víctimas.
Los efectos de esta improvisación no son abstractos, son concretos: personas que confiaron en la entidad renunciaron a sus empleos y se trasladaron a Bogotá para asumir cargos de evaluadores, confiando en procesos que se detuvieron sin explicación. Víctimas que esperan valoraciones siguen esperando, sin atención, mientras la entidad no ofrece respuestas claras sobre cuándo se reactivarán las rutas de atención ni cómo se resolverá la parálisis administrativa.
La pregunta es simple: ¿Quién responde por la afectación económica, emocional y de dignidad que esto genera?
Porque cuando se detiene la reparación integral, se detiene también la confianza en el Estado. Y cuando se juega con la esperanza de las víctimas, la institución deja de ser un espacio de justicia para convertirse en un reproductor de impunidad silenciosa.
Este no es un ataque personal, es una exigencia de coherencia. La Unidad para las Víctimas no puede convertirse en una bodega de favores burocráticos, mientras quienes sufrieron el conflicto siguen mendigando una cita.
Por eso, hago un llamado respetuoso, pero firme a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Comisión de Paz del Congreso para que ejerzan control sobre la Unidad para las Víctimas, revisen las decisiones de congelamiento de procesos, verifiquen las justificaciones administrativas de esta parálisis y exijan planes de acción concretos con cronogramas públicos.
Si no se garantiza transparencia y eficacia en el manejo de esta entidad, el daño será irreversible. La reparación integral se convierte en un discurso hueco si no existe un liderazgo con la experiencia técnica, la empatía y la capacidad de ejecución que este cargo demanda.
La Unidad para las Víctimas no necesita un eslogan más. Necesita decisiones. Necesita cumplirle a quienes ya sufrieron suficiente. Y necesita un director que entienda que, cuando se detiene el proceso de reparación, se condena nuevamente a quienes ya fueron víctimas una vez.
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