Proyecto en Soacha para entregar 49% del alumbrado a privados genera alertas por falta de garantías, riesgos financieros y escasa participación ciudadana
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La representante Alexandra Vásquez aseguró que este modelo de negocio pone en desventaja al municipio y le da solo garantías al inversor privado
El Concejo de Soacha, con poca divulgación y haciendo todo a las carreras, aprobó en primer debate de Comisión Tercera el proyecto de acuerdo 027 de 2025, que busca entregarle el 49% del manejo del alumbrado público a una empresa privada.
Desde el Congreso de la República, la representante a la Cámara Alexandra Vásquez lanzó algunas advertencias frente a la creación de una Sociedad de Economía Mixta (SEM), poniendo en evidencia que las garantías están puestas en la mesa para quien entre a operar el 49% de esta sociedad sea el más beneficiado.
Según la congresista, existe falta de claridad y garantías sobre el aporte de 49 mil millones por parte del socio privado, lo que genera un alto riesgo financiero y de iliquidez.
“No hay balance patrimonial proyectado ni se especifican mecanismos, plazos o garantías para ese desembolso. La preocupación se agrava al revisar antecedentes como el caso de ‘Ciudad Moderna’ en Popayán, donde el privado incumplió su compromiso de inversión y terminó controlando la junta directiva, y el caso de Socorro (Santander), donde la Procuraduría detectó posibles irregularidades contractuales y vínculos con el polémico empresario ‘Turco Hilsaca’ y ordenó suspender el proceso de licitación”, sostuvo.
En el mismo sentido, manifestó que el proyecto de acuerdo le otorga al alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, un poder excesivo, al permitirle no solo liderar el proceso de selección del socio privado para la SEM de alumbrado público, sino también fijar unilateralmente los requisitos y criterios de selección, según el Parágrafo III.
“Esto crea un grave riesgo de direccionamiento del proceso, permitiendo que se acomoden las condiciones para favorecer a un proponente específico, tal como ocurrió en ciudades como Neiva y Popayán, donde la SEM se adjudicó a un único oferente por exigencias hechas a la medida”, añadió.
Asimismo, la representante Vásquez detalló que en este acuerdo no se especifica cuánto del impuesto de alumbrado público terminará en ganancias para el socio privado, lo que deja a la comunidad sin claridad sobre el porcentaje de utilidad que recibiría ese 49% de participación privada.
“Aunque se mencionan topes para gastos, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas, no se detallan cifras concretas ni proyecciones, lo que podría llevar a comprometer por décadas los recursos del municipio para pagar dividendos al privado —como ocurrió en Barranquilla, donde se garantizó entre el 15% y 20% del recaudo anual por 30 años—, sin asegurar cuánto se reinvierte realmente en luminarias o beneficios tangibles para los barrios. Sin cifras claras en el contrato, no habrá forma legal de exigir el cumplimiento”, agregó.
Entre tanto, sobre el estudio técnico que respalda la creación de la Sociedad de Economía Mixta, detalló que el problema es su falta de rigor financiero, ya que no incluye un flujo de caja detallado ni escenarios realistas sobre el recaudo del impuesto de alumbrado público, omitiendo variables clave como la cartera morosa o el comportamiento de pago en barrios vulnerables.
“Tampoco se aclara quién asumiría las pérdidas si la sociedad no recauda lo proyectado, lo que podría terminar obligando al municipio de Soacha a cubrir los déficits con recursos públicos, como ya ocurrió con el fallido proyecto de Catastro Avanza. Sin estos datos, se estaría aprobando el proyecto sin evaluar riesgos reales”, mencionó.
Por otra parte, es contradictorio que pese a que según el informe de la Consultoría se reconoce que la Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) es el modelo con menores riesgos operativos y contractuales, la misma consultora recomienda crear una Sociedad de Economía Mixta (SEM), la cual presenta mayores riesgos de control y cumplimiento.
“Esta contradicción es aún más grave si se consideran antecedentes en otras ciudades donde las SEM han derivado en investigaciones de la Contraloría, irregularidades en la selección de socios estratégicos y beneficios cuestionables para empresarios como el ‘Turco Hilsaca’. La decisión de optar por la SEM, pese a los propios hallazgos del estudio, pone en duda la objetividad y transparencia del proceso”, manifestó.
Finalmente, la representante Alexandra Vásquez cuestionó que se está tomando una decisión trascendental para Soacha a toda prisa y sin una participación ciudadana real, citando un domingo a las 3 de la tarde, cuando la gente está de paseo, y negando una solicitud de una audiencia pública que buscaba que la comunidad tuviera un conocimiento de lo que se va a hacer.
“Las socializaciones se han hecho en días seguidos, con mínima difusión y sin permitir un debate amplio y técnico. Esto compromete al municipio por décadas sin claridad sobre los aportes privados, las garantías de cumplimiento ni el verdadero impacto económico y social del modelo propuesto”, concluyó.
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