Acusar y dar órdenes en el lío de los pasaportes a 3 altos funcionarios de la Cancillería le podría salir caro a quien es ahora la sombra del presidente Petro
El 27 de junio de 2025, dos días después de su posesión como jefe del despacho del presidente Gustavo Petro, el pastor Alfredo Saade marcó su territorio con un regaño de altos decibeles al viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Mauricio Jaramillo Jassir; al director jurídico del ministerio, Camilo Andrés Escobar; a la secretaria general Lucy Acevedo Meneses, a quien se llevó Laura Sarabia a cuidarle la espalda administrativamente al Ministerio de Relaciones Exteriores después de haber trabajo con ella en el Dapre y al asesor del Departamento despacho ministerial Juan Carlos Fernández Martínez, con trayectoria como periodista quien desde 2022 entró a trabajar con Laura Sarabia también en el Dapre.
La reunión se tornó tensa cuando los funcionarios le advirtieron que no sería posible cumplir la instrucción de habilitar la firma de un nuevo contrato para la expedición de pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal porque no había disponibilidad presupuestal y porque la Imprenta Nacional, que debería producir los documentos, no estaba habilitada técnicamente.
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Sin fórmula de juicio Saade los acusó de tener intereses particulares a favor de Thomas, la firma que venía produciendo los documentos y los conminó, en el mismo tono severo, a cumplir las órdenes impartidas por el jefe del Estado.
Sus interlocutores no estaban dispuestos a aceptar la deshonrosa imputación que recibían y el 7 de julio les contaron o sucedido a los comisionados de las Procuradurías primera en cabeza de Marcio Alfredo Malagón y la segunda delegada para la Vigilancia Preventiva en la que está el exconcejal de Bogotá, Samuel Arrieta, durante una visita a la sede la Cancillería.
Relataron también que el jefe del despacho presidencial les ordenó “racionalizar” las citas para la expedición de pasaportes, pese a que su investidura no lo convertía en su superior jerárquico.
Aquella rabieta puede salirle costosa al pastor porque el Procurador delegado de la Sala de Instrucción, Esiquio Manuel Sánchez Herrera, un abogado especialista en Derecho Público y derecho penal del Externado y con una amplia experiencia en el sector público incluida la propia Procuraduría donde trabajó con Margarita Cabello, y quien es uno de los servidores de mayor confianza del procurador Gregorio Eljach- decidió abrirle una investigación disciplinaria por una posible extralimitación en sus funciones.
Tras revisar el manual de funciones de Saade los procuradores delegados confirmaron que no tiene ningún tipo de ascendiente sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, no puede atribuirse competencias en relación con la producción de pasaportes, tampoco ordenar retrasos en su expedición y menos para arrogarse facultades para señalar conductas antiéticas o ilegales a funcionarios de la Cancillería.
Saade alega a su favor que únicamente se ha limitado a actuar como “articulador” de un proceso al que llegó por orden expresa del presidente Petro, jefe de todas las órbitas del gobierno.
Dos excancilleres enredados con los pasaportes serán también investigados
Alfredo Saade no será el único investigado. A su lado tendrán que responder cargos los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, por no haber tomado las previsiones necesarias para evitar la crisis que hoy se advierte en la gestión de los pasaportes, dada la proximidad del fin del contrato con Thomas Greg y la ausencia de un convenio perfeccionado con la empresa estatal portuguesa.
El Ministerio Público le atribuye a Murillo una presunta vulneración de los principios de planeación y responsabilidad que rigen la actividad contractual de las entidades estatales, pues no estructuró en forma eficiente y oportuna el proceso para la producción de los pasaportes durante los casi diez meses transcurridos desde su llegada al cargo hasta la declaratoria de urgencia manifiesta producida el 10 de septiembre de 2024.
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Le reprocha también un presunto uso indebido de la figura de la urgencia manifiesta, ya que la estructuración del nuevo esquema para el suministro del documento que les permite a los colombianos viajar e identificarse en el exterior no puede atribuirse, según la Procuraduría, a una “situación excepcional”.
Cargos similares le serán formulados a Laura Sarabia, que durante su paso por la Cancillería habría conocido en abril de 2025 que era inviable el cumplimiento del cronograma fijado para el cambio de operador del contrato para dejarlo a cargo de la Casa de la Moneda de Portugal. Los investigadores verificarán si ella no era consciente de la falta de capacidad operativa de La Imprenta Nacional.
El hecho concreto es que desde 2023 el caso de los pasaportes ha transitado un camino tortuoso. En aquella época el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró desierto el proceso de licitación cuyo objeto era suministrar, formalizar y prestar el servicio de formalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes y también el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica. Ese negocio público, que comprometería recurso por cerca de $600.000 millones, terminó costándole la cabeza al entonces canciller Álvaro Leyva. La Procuraduría no solo lo sancionó con destitución, sino que lo inhabilitó por diez años.
No es exacto que el gobierno colombiano no haya hecho gestiones con el de Portugal para adelantar el nuevo proceso. Durante la visita de la Procuraduría se confirmó que la Cancillería y la embajada de ese país en Colombia proyectaron el 30 de abril de 2025 las condiciones previas para la firma de un convenio con la Casa de la Moneda de Lisboa por diez años. Lo malo entonces fue que se contempló cubrir el primer año con vigencias futuras, pero no se demostró respaldo presupuestal para los nueve siguientes.
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La Procuraduría definirá ahora la suerte de Saade quien cada día asume más roles al lado del Presidente y tiene la responsabilidad de encontrarle salida a la producción de los pasaportes para los colombianos y los dos exministros de relaciones exteriores, uno de ellos, Luis Gilberto Murillo quien se trasladó de nuevo a Washington donde ha vivido un período largo de su vida, pero no ha negado su aspiración de competir por la Presidencia de la República en el 2026. En el 2022 participó en la contienda como fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, el candidato de la Coalición de la Esperanza.
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