Para asumir el Ministerio de Justicia le trasladó las acciones de su bufete a su esposa pero eso no borraría el rastro de posibles conflictos de interés
La senadora María Fernanda Cabal, precandidata a la presidencia de la República por el Centro Democrático, busca que la justicia penal castigue a Holman Morris por lo que ella considera un constante hostigamiento político en su contra. Entre las evidencias aportadas al proceso en curso la congresista llevó una grabación que registra la voz de Morris cuando hace este anuncio en tono amenazante: “A Cabal me la llevo a la cárcel, así se me acabe la vida”. Hollman Morris tiene contratado un abogado personal de confianza. La defensa técnica a la que tiene derecho de la está brindando la firma Economía, Derecho y Sociedad S.A.S presidida actualmente por Tania Marcela Hernández, esposa del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Esta fue nombrada para dirigir el Centro de Estudios Fiscales en el gobierno de Iván Duque
La empresa del matrimonio Montealegre Hernández está contratada para estos y otros efectos por RTVC, el sistema estatal de medios gerenciado por Morris. El contrato, cuyo monto supera los $820 millones, tiene por objeto los servicios de representación judicial y defensa de la entidad de su gerente, lo que sugiere que la defensa de Morris por sus pleitos personales estaría siendo pagada a cargo de los contribuyentes. Es posible que sus servicios cubran también otros procesos relacionados con presunto acoso laboral imputado al periodista cabeza de RTVC.
Sin embargo, la controversia sobre el tema es solo uno de los matices de una polémica de mayor fondo. Cuando el contrato fue firmado el hoy ministro Montealegre figuraba como socio único de la firma, con carácter así de una empresa unipersonal. La cesión gratuita de sus acciones a su esposa Tania se dio el 5 de junio de 2025, cuando Montealegre ya sabía que una semana más tarde se posesionaría como miembro del gabinete del presidente Gustavo Petro.
La trazabilidad de ese y otros contratos que Economía, Derecho y Propiedad S.A.S fue advertida por el acucioso concejal de Bogotá Daniel Briceño, para quien el súbito cambio de propiedad de la empresa -que de todas maneras sigue siendo patrimonio de la sociedad conyugal- representó un intento por borrar u ocultar huella de un conflicto de intereses. Las normas vigentes prohíben que una persona con contratos vigentes con el Estado tomé posesión de empleos públicos. Según expertos en el tema, la única manera de superar la inhabilidad habría sido la cancelación de los contratos.
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Una firma donde se multiplican los contratos con el gobierno
Por ahora la única fuente de ingresos de la firma parecen ser los contratos estatales. Recientemente, el periodista Melquisedec Torres reveló en su cuenta de X que la empresa de la familia Montealegre Hernández reportó en 2024 ingresos totales “por actividad ordinaria” de $2.049.846.207 millón, según lo certificado en Cámara de Comercio. Sus pagos tributarios llegarían a $1.788 millones. Esta última cifra coincide con el monto registrado hasta hoy de sus contratos con el Estado.
La facturación de la empresa sigue su dinámica. Una semana después de la cesión de sus acciones, su nueva dueña nominal siguió cobrando normalmente sus facturas a RTVC. El cobro mensual a RTVC es de $40 millones y su proyección es cercana a los $500 millones mensuales para el año que viene.
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El posible conflicto de interés tiene varios elementos. Uno de los más importantes es que su condición como contratista del Estado podría darle a Montealegre acceso a información privilegiada de las entidades con las que su empresa ha celebrado negocios, lo que representa una ventaja sobre otros potenciales contratistas. Adicionalmente, el ministro podría utilizar su cargo para obtener más beneficios personales o para favorecer a su firma en detrimento del interés público.
Hasta ahora ninguna autoridad parece haber tomado nota de la situación. Montealegre dispone de un fuero especial que implica que, si hubiera lugar a ello, solo podría ser investigado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
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