Tribunal admite demanda contra el ‘impuesto de guerra’ y revive debate sobre seguridad y paramilitarismo

Hasta que por fin el Tribunal de Antioquia admitió la demanda contra la “tasa de seguridad”, que críticos ven como impulso a un modelo de seguridad guerrerista

Después de más de cinco meses de dilaciones judiciales, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió finalmente la demanda de nulidad presentada por el diputado Juancho Muñoz contra la ordenanza 050, conocida como “tasa de seguridad” o “impuesto de guerra”. Esta norma fue aprobada por la Asamblea Departamental en medio de cuestionamientos sobre su legalidad, legitimidad y conveniencia, al ser interpretada por sectores críticos como un mecanismo para financiar una estrategia de seguridad inspirada en el retorno de los frentes de seguridad ciudadana, ampliamente asociados con experiencias de paramilitarismo en Colombia.

La demanda, radicada desde el 18 de febrero, estuvo durante meses sin respuesta por parte del Tribunal. Solo después de múltiples memoriales de impulso y una acción de tutela elevada ante el Consejo de Estado, el 22 de julio el tribunal admitió formalmente el proceso. Además, se pronunció sobre las medidas cautelares solicitadas, consistentes en suspender el cobro inmediato de la tasa, trasladando la petición a la parte demandada para que responda en un plazo de cinco días.

Para Muñoz, sociólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en Desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana y defensor de derechos humanos, este es un paso fundamental para desmontar una política regresiva “disfrazada de seguridad”, pero que en realidad —según afirma— reproduce un modelo de guerra contra la ciudadanía y fortalece viejas estructuras de poder asociadas a la vigilancia civil armada.

Esta controversia no es aislada. Se inscribe en un contexto político más amplio que se configuró tras las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023, donde el uribismo recobró fuerza en Antioquia con las victorias de Federico Gutiérrez en Medellín y Andrés Julián Rendón en la Gobernación. Desde entonces, las iniciativas guerreristas han sido presentadas como una alternativa frente a la política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, la cual ha sido demonizada por sectores de derecha como una “entrega de la patria a los terroristas”.

Uno de los episodios más polémicos fue la propuesta del gobernador Rendón de reactivar los “frentes de seguridad ciudadana” y las redes de cooperantes, apelando a la colaboración de la sociedad civil con la Fuerza Pública. Dicha propuesta fue respaldada por figuras como la senadora María Fernanda Cabal, quien incluso alentó la organización de frentes rurales de seguridad. Para muchos, esto revive el modelo de las Convivir, promovido por Álvaro Uribe durante su gobernación en Antioquia en los años 90, y que terminó convertido en plataforma de acción para el paramilitarismo.

“Desde la década de los 90 que se ensayó con las Convivir, el involucramiento de civiles trajo el fortalecimiento de expresiones paramilitares y la victimización creciente de la población”, advirtió el profesor Max Yuri Gil, excoordinador de la Comisión de la Verdad para Antioquia. La legalidad de estas estructuras, afirma, nunca fue garantía frente a su potencial violador de derechos humanos.

Aunque el gobernador ha asegurado que no se emplearán armas y que todo se hará bajo el marco de la ley, para sectores críticos como Muñoz, el problema no es formal, sino estructural: “Lo que se está montando es una arquitectura del miedo, con una retórica de seguridad que legitima la guerra total y normaliza la vigilancia vecinal con tintes ideológicos”.

Este escenario cobra mayor gravedad al considerar que Antioquia ha sido históricamente el laboratorio de las políticas más radicales del uribismo, muchas de ellas con consecuencias nefastas en términos de violencia, estigmatización y pérdida de garantías democráticas. La historia reciente de las Convivir, utilizadas como fachada para el accionar paramilitar, es una advertencia clara sobre los riesgos de reeditar fórmulas que lejos de proteger, reproducen ciclos de guerra.

La admisión de la demanda contra la ordenanza 050 no solo abre un debate jurídico, sino que pone sobre la mesa una discusión política profunda: ¿Qué tipo de seguridad necesita Antioquia? ¿Una cimentada en la participación ciudadana crítica y en el respeto por los derechos humanos, o una que legitime nuevamente la guerra como única forma de gobernar? El pulso apenas comienza.

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