Las regalías en Colombia son fuente de corrupción, mala gestión y despilfarro, con proyectos ineficientes y poco impacto en las regiones productoras
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El manejo de las regalías petroleras y mineras que le corresponden al Estado colombiano por la explotación de tales recursos es un completo desorden y un despilfarro de los cuantiosos presupuestos organizados en inversiones presupuestales bianuales; situación que propicia uno de los mayores focos de corrupción en el gobierno.
La gestión de tales dineros se hace mediante una Subdirección del DNP (con tres direcciones: Gestión y desarrollo; de Seguimiento y Control; y Corporativa), una comisión rectora, los Órganos Colegiados de Administración y decisión (Ocad paz, Regional y de Ciencia y Tecnología) y las Oficinas de Planeación de los Ministerios de Hacienda, Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, que conforman el tejido administrativo con el que se manejan las inversiones y los proyectos de tales recursos.
La contraloría General de la República publicó hace poco una importante investigación sobre las Regalías que nombro como “La paradoja de las Regalías en Colombia. La escasez de resultados frente a la abundancia de recursos”.
En el debate y las propuestas que se deben hacer para que se adelante un vuelco progresista del manejo de estos recursos, que aún orbitan en el modelo neoliberal mercantilista y clientelar, para hacer de los mismos “bienes comunes” en la perspectiva de lo sugerido por Elinor Ostrom para su gobierno en función de los intereses comunitarios recojo los aspectos centrales de este importante documento de la Contraloría.
El equipo técnico del organismo de fiscalización plantea que “sin cambios estructurales en el Sistema General de Regalías, sus recursos seguirán siendo una oportunidad desperdiciada, condenando a las regiones a ciclos de pobreza, dependencia y frustración”.
El Informe revela graves deficiencias estructurales y de planeación en el uso de regalías y evidencia graves deficiencias y fallas de planeación, especialmente en municipios productores de recursos no renovables.
A pesar de los cuantiosos recursos recibidos gracias a la bonanza minera y petrolera, los avances en calidad de vida y desarrollo sostenible en estos territorios han sido marginales. El caso de La Jagua de Ibirico Ilustra el colapso económico tras el retiro de la empresa minera.
Para el bienio 2021-2022, en las regiones se iniciaron 5.436 proyectos de inversión por un valor integral superior a los 23,3 billones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR). A corte de diciembre del 2024, solo el 63 por ciento de esos proyectos se encontraban finalizados. Aunque se financiaron sectores clave, el transporte recibió $7 billones, relegando salud, educación y ambiente.
Se considera en el estudio que, si bien la infraestructura de transporte mejora la conectividad y fomenta la inversión, muchos de estos proyectos resultan ineficientes y costosos de mantener, perpetuando así las desigualdades sociales y regionales.
Más del 50% de los departamentos han destinado la mayor parte de las regalías al sector transporte, sin comprobar si estas inversiones realmente han generado desarrollo económico o reducción de necesidades básicas insatisfechas.
La Contraloría identificó más de 125 proyectos por más de $1.1 billones durante el bienio 2021-2022 destinados a alimentación y transporte escolar, convirtiendo las regalías en una fuente para cubrir gastos recurrentes, algo prohibido por su propia naturaleza legal.
Gestión ineficiente y falta de planificación y coordinación
De acuerdo con este estudio, el SGR, diseñado para mejorar la vida en las regiones productoras, ha sido obstaculizado por una mala gestión local. En particular, la falta de capacidad institucional, especialmente en aquellos de categoría 5 y 6, ha comprometido la viabilidad de los proyectos financiados. La deficiencia en la planeación, la escasez de personal capacitado y la ejecución deficiente de los proyectos han generado demoras, sobrecostos y, en algunos casos, la no culminación de estos.
La falta de una adecuada planificación, sumada a la falta de estudios y diseños, así como la improvisación en algunos proyectos, ha impedido que los recursos del SGR generen los impactos esperados en términos de desarrollo y reducción de desigualdades. A pesar de que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) es el órgano rector del sistema, la autonomía de los entes territoriales en la aprobación y ejecución de proyectos ha contribuido a la ineficacia y la falta de control sobre las inversiones.
La falta de coordinación entre el SGR y el SGP ha generado duplicación de gastos. A pesar de la gran cantidad de fondos invertidos, no se ha logrado reducir de manera significativa las disparidades entre los municipios más ricos y los más pobres del país.
El fenómeno conocido como «pereza fiscal», sumado a la dependencia de las regalías como única fuente de financiamiento, ha obstaculizado el desarrollo integral de las regiones productoras y perpetuado la inequidad.
El estudio de la CGR señala que la dependencia de los municipios respecto a los recursos del SGR ha generado una economía rentista, altamente vulnerable a la volatilidad de los mercados internacionales. Esta situación afecta tanto a territorios productores como a los no productores.
La Contraloría ha identificado en sus auditorías graves fallas en la formulación, planeación y ejecución de los proyectos financiados con regalías, así como inobservancia de la normatividad, falta de seguimiento técnico y la ausencia de estudios de viabilidad. Todo esto ha generado una alta tasa de proyectos inconclusos, inversiones ineficientes y pérdida de recursos públicos.
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