La Contraloría rastrea bienes producto de la corrupción y cayó Carlos Bustillo ex vicepresidente de Reficar, uno de los condenados por detrimento de $2,9 billones
Mientras rastrea en el exterior bienes y activos de personas halladas responsables por el saqueo de recursos públicos en Colombia, la Contraloría en cabeza de Carlos Hernán Rodríguez hizo ya un primer hallazgo en Panamá, país que hasta hace poco tiempo era considerado un paraíso fiscal que guardaba con celo una reserva bancaria infranqueable.
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Su Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención e Incautación de Bienes (UNCOPI) dio con una cuenta cifrada en balboas a nombre de Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, exvicepresidente de Reficar y uno de los cinco altos ejecutivos condenados hace tres años fiscalmente por un detrimento patrimonial de $2,9 billones.
En cuanto al monto, el hallazgo fue menor. Luego de varios retiros, como si alguien lo hubiese alertado, Bustillo guardaba en la cuenta 12.251,40 balboas (cerca de 53 millones de peso colombianos. Sin embargo, su importancia radica en que el ejercicio ha servido para demostrar que la cooperación internacional en este campo sí es capaz de remover obstáculos históricos.
Colombia rastrea actualmente en once países de tres continentes bienes y activos saqueados de sus presupuestos públicos por funcionarios y contratistas ya condenados fiscalmente en casos de corrupción.
El desafío de la Contraloría en el exterior empieza a dar frutos
Las búsquedas se concentran actualmente en Bahamas, Barbados, Luxemburgo, Países Bajos, Turquía, Panamá, México, España, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Actualmente la Contraloría General de la República busca el secuestro, avalúo y remate de dos inmuebles embargados en España mediante proceso colombiano de cobro coactivo por cuantía de $40.136 millones de pesos por un caso de corrupción en el antiguo INURBE.
Pero esa tarea quijotesca enfrenta todavía trabas que no han sido removidas por instrumentos internacionales. En su respuesta a un derecho de petición de Las2Orillas sobre el tema, Andrea Moreno Taleb, Jefe de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención e Incautación de Bienes (UNCOPI) de la Contraloría General explicó: “En la mayoría de los Casos no ha sido posible obtener una respuesta exitosa por parte de las autoridades competentes y de diferentes jurisdicciones internacionales porque la Contraloría General de la República actúa como ente de carácter administrativo y no como autoridad judicial penal”.
Con todo, la Contraloría es la única autoridad que ha buscado articular el brazo internacional del país para recuperar recursos públicos saqueados. Fiscalía y jueces penales lucen rezagados en este frente.
En el caso de la Refinaria de Cartagena –Reficar-, el más representativo hasta ahora, los implicados han pedido a la Contraloría revisar el fallo fiscal en su contra y buscan apoyarse en un laudo de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) que falló a favor de Reficar y ordenó a la firma CBV&I, contratista de las obras de ampliación de la refinería de petróleo de Cartagena pagar $1.000 millones por los sobrecostos del proyecto. Pero su petición genera escasas posibilidades de éxito porque la cifra no se compadece con el mono del daño fiscal causado.
Se trata de la primera sanción impuesta fuera de las fronteras colombianas, pues la Cámara de Comercio Internacional tiene sede en París. Durante La administración de Edgardo Maya Villazón en el 2016 como Contralor general de la república fue expedido un fallo de responsabilidad fiscal que obliga a directivos de Ecopetrol y Reficar a pagarle a la Nación 2.879 millones de dólares (cerca de 9 billones de pesos).
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El caso es motivo de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada ante el Consejo de Estado presentada por los afectados por la decisión, entre los que figuran empresarios reconocidos como el expresidente del complejo Reyes Reinoso Yanes y los exvicepresidentes Andrés Virgilio Riera, Magda Manosalva Cely y el propio Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, de cuyos bienes ya hay rastro en el exterior. Mientras la Contraloría tiene activa su búsqueda de bienes en el exterior, la justicia penal todavía evalúa pruebas sobre millonarios pagos irregulares a proveedores, hechos varios de ellos por la firma constructora Chicago Bridge & Iron Company en paraísos fiscales. Las pruebas podrían ser examinadas por expertos forenses de la agencia estadounidense FBI para establecer si recursos pagados por esa vía hicieron parte de un circuito de lavado de activos.
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