Guillermo Jaramillo habría tenido responsabilidad en la crisis de medicamentos que se vivió en 2023, por lo que le pusieron encima la lupa y tendrá que responder
El 2025 no comenzó bien para el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien estaba de descanso antes de enterarse de que la Procuraduría, entidad que aún es dirigida por la barranquillera Margarita Cabello, lo iba a enviar a juicio disciplinario por su gestión frente al desabastecimiento de medicamentos en el país durante los casi dos años que lleva en el gobierno.
De acuerdo con la Procuraduría, desde 2022 ya varias asociaciones médicas venían advirtiendo sobre la carencia de más de 2.000 medicamentos e insumos médicos. Por ese entonces, la ministra era Carolina Corcho, pero Jaramillo, quien llegó para ser su reemplazo en mayo de 2023 después de haber sido la mano derecha más importante del presidente Petro durante su Alcaldía en Bogotá, era consciente de la situación y no fue ágil a la hora de implementar acciones para mitigar la crisis.
No fue sino hasta noviembre de 2023, cuando ya llevaba seis meses en el cargo, que la cartera que dirige Jaramillo expidió una resolución con la que se definían acciones para hacerle frente al desabastecimiento, algo que no hizo por voluntad propia, sino acatando una orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La Procuraduría calificó esto como una falta grave, pues se alcanzaron a afectar el derecho fundamental a la salud y la calidad de la prestación de los servicios médicos en el país.
Esta es una de las últimas acciones de Margarita Cabello como procuradora, puesto que en menos de dos semanas, el 15 de enero, tendrá que dejar el cargo para darle paso al fusagasugueño, pero criado en La Guajira, Gregorio Eljach, quien estará al frente de la entidad hasta enero de 2029.
Otro problema más para el tolimense
Esto se dio apenas tres semanas después de que el Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá ordenara medida de arresto de tres días en contra del ministro Jaramillo por desacato, lo cual se debió a que no atendió una tutela referente a la suspensión de la comercialización de un tipo de plaguicida en el país. Sanción que estuvo acompañada por una multa de tres salarios mínimos.
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