En una carta, la junta de la empresa de Alberto Ríos Velilla asegura que el informe presentado por Edwin Palma en el que devela una crítica situación no es verídico
Después de cuatro meses de haber aterrizado en Air-e, la empresa de energía de la Costa Caribe, Edwin Palma, agente interventor del gobierno, entregó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, hoy en cabeza de Yanod Márquez, su primer informe de 704 páginas en el que asegura haber encontrado graves hallazgos desde su llegada.
Entre estos hay contratos que nunca fueron ejecutados, desorden en la contabilidad y fuertes racionamientos de energía que, en su momento, se anunciaron como mantenimientos
El informe fue rechazado por los accionistas de Air-e, empresa que en marzo de 2020 fue adquirida por el empresario antioqueño Alberto Ríos Velilla tras la liquidación de Electricaribe, que se mantuvo durante veinte años debatiéndose entre un mal servicio con constantes reclamos que nunca cesaron. En su momento, esta fue la gran alternativa para el suministro de energía de la Costa y su hijo Felipe Ríos, exconcejal de Bogotá por Cambio Radical, fue quien tomó las riendas en el arranque, hasta hace un año cuando tiró la toalla y regresó a Bogotá.
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A la familia Ríos no les resultó el negocio y las quejas por el costo de las tarifas y las interrupciones permanentes del suministro de los habitantes de La Costa no pararon al igual que había sucedido en Electricaribe. En septiembre de 2020, el mismo Alberto Ríos Velilla fue quien le pidió a la Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios intervenir su compañía que también forma parte de un gran holding familiar.
Sin embargo, la junta directiva, conformada por cinco miembros principales –y tres miembros suplentes-, en la que se encontraba a la cabeza Alberto Ríos Velilla además de su hija Natalia Ríos Londoño, no está de acuerdo en las alarmantes cifras del informe de Edwin Palma. A través de un comunicado denunciaron “imprecisiones e información equivocada” y aseguran que fueron ellos mismos quienes el 30 de agosto de 2024 solicitaron la intervención a la empresa de energía.
La familia Ríos dice que, durante los cuatro años de operación, los indicadores de calidad alcanzaron en 2023 los niveles exigidos para 2030, logrando una calidad de servicio sin precedentes en la región.
#Atento | Frente a las deficiencias que reportó el agente interventor de la empresa de servicios públicos Air-e, la junta directiva de esa organización manifestó que hay «múltiples imprecisiones e información abiertamente equivocada» sobre los problemas estructurales de la… pic.twitter.com/rTdEz9BU61
— Diario La República (@larepublica_co) January 9, 2025
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