La consulta previa busca proteger a comunidades étnicas, pero tiene fallas que afectan su efectividad. Hay que reformarla para evitar abusos y garantizar derechos
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Por mucho tiempo, la consulta previa ha sido reconocida como un mecanismo para garantizar los derechos de las comunidades étnicas, y es un reconocimiento merecido en un país con una deuda histórica hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, la implementación de esta herramienta, está mostrando grietas profundas que ameritan un debate serio y urgente.
No se puede ignorar que en Colombia los proyectos clave quedan atrapados en la maraña de las consultas previas, algunas veces durante años, mientras comunidades enteras siguen padeciendo la ausencia de servicios básicos.
El espíritu de la consulta previa es claro: permitir participar en las decisiones a las comunidades impactadas por un proyecto, recibir compensaciones justas y garantizar el respeto por su territorio y cultura.
Nadie en su sano juicio puede estar en contra de estas premisas. Pero la pregunta es: ¿este mecanismo está cumpliendo con ese objetivo? O peor, ¿se ha convertido en un proceso capturado por intereses particulares? La legislación colombiana sobre consulta previa está plagada de ambigüedades que le crean dificultades a su aplicación efectiva. La Corte Constitucional ha insistido en que el proceso debe ser amplio, previo e informativo, pero no ha definido tiempos claros, lo que da pie a interpretaciones subjetivas. Además, los conflictos de competencia entre entidades como el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Infraestructura y los gobiernos locales complican aún más el panorama.
Por si fuera poco, el proceso se presta para abusos. Algunos abogados y supuestos “líderes” comunitarios han encontrado en la consulta previa un negocio rentable sin arriesgar un solo peso. Los intermediarios, actuando como supuestos «líderes» de las comunidades, hacen exigencias económicas desproporcionadas que no siempre benefician a las comunidades.
En el peor de los casos, hay denuncias de extorsión disfrazada de defensa comunitaria, y se sabe de supuestos “líderes” que no han logrado justificar el uso de los recursos ante las mismas comunidades, lo que reduce la legitimidad de este mecanismo. En este punto, no podemos evitar preguntarnos si el procedimiento ha perdido su esencia. ¿Cuántos proyectos se han detenido porque la consulta previa se convierte en un negocio para unos pocos?
En varias regiones del país, verdaderos líderes comunitarios han denunciado que algunos “líderes” cobran porcentajes exorbitantes por sus gestiones, dejando a las comunidades con migajas de lo que obtienen, reflejando un patrón preocupante que erosiona la confianza en el proceso, porque un mecanismo diseñado para proteger a las comunidades termina perpetuando su exclusión. Los proyectos de energía eólica en La Guajira son el claro ejemplo de la crisis de la consulta previa.
Pero la solución no está en abolir la consulta previa, sino en reformarla para que cumpla su propósito original. Esto implica, entre otras cosas, establecer criterios más rigurosos para determinar los proyectos que requieren consulta previa; crear mecanismos alternativos de resolución de conflictos que permitan mediar entre los intereses del desarrollo económico y los derechos culturales sin necesidad de recurrir constantemente al sistema judicial; establecer tiempos máximos para cada etapa del proceso; fortalecer la supervisión de las compensaciones y sancionar severamente los abusos; garantizar que las comunidades tengan acceso a asesoría técnica y jurídica imparcial, financiada por el Estado, para que puedan tomar decisiones informadas sin depender de intermediarios con intereses personales.
En paralelo, se necesita un sistema de monitoreo claro, preciso y riguroso para evaluar si las compensaciones acordadas realmente están mejorando la calidad de vida de las comunidades. Esto no solo fortalece la confianza en el mecanismo, sino que ayuda a identificar y corregir irregularidades rápidamente.
Por eso es que, como país, debemos tomar una decisión: ¿seguimos permitiendo que la consulta previa sea un obstáculo para el desarrollo? O, por el contrario, ¿reformar este procedimiento para que cumpla con su misión de proteger a las comunidades sin frenar el progreso?
La respuesta no es sencilla, pero ignorar el problema no es una opción, porque la consulta previa no debe ser vista como un problema, sino como una oportunidad para construir un modelo de desarrollo que integre y respete las realidades locales, priorizando el bien común sobre los intereses particulares.
El reto es inmenso, pero la recompensa será un país más desarrollado, competitivo y justo.
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