La reciente crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, detonada por la deportación de ciudadanos colombianos desde territorio estadounidense, pasará a la historia como una de las decisiones más torpes de mandatario alguno de nuestro país. Paradójicamente, las deportaciones se realizaron bajo términos previamente avalados por el propio Gustavo Petro, quien dio su visto bueno. No obstante, en un arrebato de madrugada, a través de un trino bloqueó el aterrizaje de dos aviones militares norteamericanos con el pretexto de exigir “dignidad” para los deportados.
Lo más insólito de este episodio es que, a lo largo de 2024, más de 14.200 colombianos fueron expulsados de Estados Unidos en circunstancias idénticas, sin que Petro manifestara la más mínima objeción. No hubo entonces exigencias de dignidad ni discursos grandilocuentes en defensa de los connacionales. Pero aquella madrugada de domingo, en un gesto de soberbia desmedida y embriaguez de poder, decidió plantar cara a Washington, sin reparar en las consecuencias para el interés nacional.
Esta forma irresponsable de manejar las relaciones internacionales no es nueva en Petro. Su ejercicio del poder está guiado por impulsos ideológicos y resentimientos personales, trasladando su agenda radical a la estabilidad institucional. Su postura no responde a principios sólidos ni a una convicción genuina, sino a una estrategia premeditada, inspirada en el modelo dictatorial de su amigo Nicolás Maduro, como ocurrió frente al caso de Israel.
La “dignidad” que Petro invocó en la madrugada dominical para los deportados brilla por su ausencia en otros casos. No ha alzado la voz frente a los más de 38.000 colombianos inadmitidos y maltratados en aeropuertos de México. Tampoco ha mostrado indignación por los miles de compatriotas que han sufrido torturas bajo el régimen venezolano ni por aquellos que arriesgan sus vidas atravesando la selva pantanosa del Darién en condiciones infrahumanas.
Su indiferencia se extiende a la tragedia de La Guajira, donde prometió agua potable para las comunidades más vulnerables y, en lugar de cumplir, permitió el saqueo de los recursos a través de la Ungrd, condenando a esa región a una indignidad aún mayor.
Más allá del discurso populista tampoco ha demostrado preocupación por los 52.000 colombianos desplazados del Catatumbo, víctimas de la negligencia gubernamental ante el avance de los grupos criminales. Mientras el Eln y las Farc se fortalecen bajo la permisividad de su fallida “paz total”, los campesinos quedan a merced del terror, la muerte y la miseria.
La indignación de Petro no es un principio moral, sino un instrumento ideológico. Se escandaliza selectivamente, denunciando con vehemencia ciertos hechos mientras guarda un silencio cómplice ante otros igualmente graves. Para unos deportados reclama dignidad, mientras ignora las condiciones inhumanas en las que han sido trasladados otros. Su discurso de justicia es una escena calculada, y su silencio es más revelador que sus gritos.
Además, su temeraria afrenta contra el presidente Trump no solo fue torpe, sino suicida. Antes de retractarse en un giro desesperado para evitar una catástrofe, ordenó a su ministro de Comercio elevar en un 25% los aranceles a las importaciones desde EE.UU. y redirigir las exportaciones colombianas a otros mercados, como si el comercio internacional funcionara con la misma ligereza con la que una vecina disgustada cambia de tienda en el barrio.
Un consejo no solicitado a Petro: respete al presidente Trump. El gato no debe gruñirle al león porque termina entre sus fauces.
*Expresidente del Congreso
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