El juez del circuito de San Juan del Cesar con funciones de conocimiento, negó la solicitud de nulidad presentada por la abogada Maureen Puente Vidal, defensora contractual de Nilson Solano Brochero, en la audiencia de formulación de acusación por el delito de homicidio agravado en contra del médico ginecólogo, Ricardo Rodríguez Brochero, ocurrido en octubre de 2024 en el municipio de Barrancas, La Guajira.
La abogada de la defensa argumentó que el fiscal de apoyo, quien también participó en las audiencias preliminares, no tenía competencia para actuar en esta fase procesal. No obstante, el juez rechazó la solicitud, tras lo cual la defensa apeló la decisión. Ahora será la Sala Penal del Tribunal Superior de Riohacha la encargada de resolver la controversia en segunda instancia.
Durante la audiencia, tanto la jueza como los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría señalaron que la Fiscalía General de la Nación tiene competencia a nivel nacional y que la delegación de fiscales es una facultad administrativa de la entidad. Por lo tanto, se consideró que no había irregularidades en la participación del fiscal en la audiencia.
Asimismo, la Fiscalía y el abogado de la parte acusadora solicitaron que los términos procesales se computen conforme a la ley y recalcaron que estos no pueden ser utilizados para alegar vencimientos de términos a favor del acusado, quien actualmente permanece privado de la libertad.
Familiares de la víctima y comunidad esperan que se haga justicia por el crimen del reconocido profesional de la salud.
MANIOBRAS DILATORIAS
Juan Pablo Molina, abogado de la familia de la víctima, manifestó que lo está buscando la defensa del procesado es dilatar el proceso, lo cual es inaceptable. “Siempre hemos hecho énfasis en los constantes retrasos del proceso judicial. A pesar de que el escrito de acusación fue radicado el 2 de diciembre, los tribunales han tardado en tomar decisiones, lo que ha generado temor de que Nilson Solano Brochero pudiera quedar en libertad provisional”.
Agregó que las maniobras dilatorias han comprometido los tiempos estipulados para la audiencia de acusación, lo que podría permitir la libertad provisional por vencimiento de término. “El juzgado no había abocado conocimiento del caso hasta el 19 de febrero, cuando deberían haberlo hecho mucho antes. La defensa está aprovechando este retraso para pedir la libertad provisional”, alertó el jurista.
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