En una mesa de trabajo realizada en Valledupar, para hacerle seguimiento a la problemática de hacinamiento en los centros carcelarios, la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en coordinación con la Procuraduría, solicitó el traslado de los reclusos a sus lugares de origen, especialmente en la Unidad de Respuesta Inmediata, URI, donde un alto porcentaje de los privados de la libertad no son de esta capital.
Al respecto, Pablo Bonilla, secretario de Seguridad en Valledupar, detalló que en el caso de la URI hay 320 personas privadas de la libertad, de las cuales 64 provienen de otros municipios y departamentos vecinos como La Guajira. Lo mismo ocurre en la Permanente Central de Policía, hasta donde trasladan internos de otras partes de la región, lo que genera inconvenientes a la Municipalidad y a los mismos familiares que debe trasladarse desde otras zonas apartadas del municipio.
Resaltó que el objetivo es que las administraciones municipales asuman la responsabilidad de sus detenidos, lo que contribuiría a reducir la sobrepoblación carcelaria.
La mesa penitenciaria forma parte del seguimiento que la Procuraduría realiza en cumplimiento de una sentencia unificada que regula las condiciones de los internos. “Se viene evaluando desde el año pasado diferentes aspectos, entre ellos el hacinamiento y la alimentación de los reclusos”, explicó.
Otro de los temas que preocupa es el aplazamiento de audiencias para privados de la libertad por falta de equipos y conectividad en los lugares de reclusión. Hasta 45 audiencias se cancelan a la semana.
Desde el año 2024, la Alcaldía de Valledupar logró firmar un convenio con el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), lo que permitió trasladar a más de 200 personas y reducir significativamente el hacinamiento en la Permanente Central de Policía. “Al inicio de esta administración, recibimos una Permanente con 600 internos. Gracias al convenio firmado el año anterior, logramos disminuir esta cifra en un 50%”, indicó Bonilla. Actualmente, se está realizando un diagnóstico conjunto con la Fundación Universitaria del Área Andina para analizar las razones por las cuales algunos procesos judiciales avanzan con lentitud, prolongando la permanencia de los internos en estos centros.
Otro tema que genera inquietud entre las autoridades, es la actividad delictiva que se organiza desde el interior de los centros penitenciarios. A pesar de la implementación de bloqueadores de señal para combatir la extorsión, los reclusos continúan encontrando mecanismos para delinquir. En este contexto, el traslado de internos a sus lugares de origen podría ser una estrategia efectiva para mitigar este problema y fortalecer la seguridad en la ciudad.
ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA
En la mesa de seguimiento también intervino la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, quien presentó los avances en el cumplimiento de la Sentencia de Unificación 122 de 2022 de la Corte Constitucional y la Ley 2346 de 2024.
Anunció que se han priorizado inversiones para la construcción y reestructuración de estaciones de policía en varios municipios. “De igual manera destinamos 300 millones de pesos, del Fondo de Seguridad, para la adquisición de computadores y la construcción de aulas de formación, fortaleciendo los procesos educativos de las personas privadas de la libertad”.
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