De Peñalosa a Galán, la ciudad ha sido gobernada para el lucro privado. ¿Hasta cuándo?

Bogotá ha sido gobernada por un modelo de «lumpen capitalismo» que prioriza los intereses privados, afectando el bienestar ciudadano y del medio ambiente

Bogotá ha sido gobernada en los últimos años por una élite política que, bajo el disfraz de la modernización y el desarrollo, ha puesto la ciudad al servicio de los grandes intereses económicos. Desde Enrique Peñalosa hasta Carlos Fernando Galán, pasando por Claudia López, la capital colombiana ha sido víctima de un modelo de «lumpen capitalismo» que desprecia el bienestar ciudadano, depreda el medio ambiente y convierte la vida urbana en una constante precarización.

Un modelo de ciudad para el negocio, no para la gente

La alcaldía de Enrique Peñalosa (2016-2019) estuvo marcada por una obsesión con la infraestructura vial a costa del espacio público y los ecosistemas estratégicos. Sus políticas privatizadoras, la expansión de TransMilenio y su apuesta por los grandes contratos de construcción beneficiaron a los mismos grupos económicos que han dominado el país por décadas, mientras la ciudadanía sufría el deterioro del transporte público y la destrucción de áreas verdes. Un ejemplo de esto fue la insistencia en urbanizar la Reserva Van der Hammen, un ecosistema estratégico para la ciudad, a pesar de la oposición de expertos ambientales y la comunidad.

Claudia López (2020-2023) prometió un cambio, pero en la práctica dio continuidad a muchas de las políticas de su antecesor. Su administración profundizó la privatización del transporte, priorizó el metro elevado sin considerar alternativas más integrales y dejó un legado de desconfianza con medidas represivas frente a la protesta social. Además, la ejecución de la primera línea del metro estuvo marcada por cuestionamientos sobre su impacto en la movilidad y la financiación, beneficiando principalmente a contratistas chinos en detrimento de un modelo más adecuado para la ciudad.

Carlos Fernando Galán, actual alcalde, no ha hecho más que reafirmar esta tendencia. Su reciente enfrentamiento con el gobierno nacional y el Ministerio de Ambiente en torno a la planificación de la sabana de Bogotá demuestra que su prioridad no es la protección del medio ambiente ni la planificación sostenible, sino la defensa de los intereses inmobiliarios y de infraestructura. Un caso emblemático es el megaproyecto Lagos de Torca, donde la expansión urbanística amenaza la sostenibilidad hídrica y la conectividad ecológica de la región.

El conflicto con el gobierno nacional: ¿desarrollo o devastación ambiental?

La resolución del Ministerio de Ambiente, liderada por Susana Muhamad, busca proteger los humedales y bosques secos de la Sabana de Bogotá, establecer límites a la urbanización indiscriminada y exigir evaluaciones ambientales para nuevos proyectos de infraestructura. Sin embargo, para Galán y sus aliados del sector constructor, estas medidas son vistas como una amenaza. Argumentan que afectará a miles de familias y paralizará proyectos clave, pero en realidad, lo que está en juego es la posibilidad de seguir explotando el territorio sin regulaciones estrictas.

El discurso del alcalde se basa en la autonomía territorial, pero ignora que el desarrollo urbano no puede estar desligado de la sostenibilidad ambiental. El modelo que defiende prioriza la especulación inmobiliaria sobre la planificación responsable, perpetuando la concentración de la riqueza en pocas manos mientras las comunidades más vulnerables son desplazadas. Según un informe de la Contraloría de Bogotá, entre 2018 y 2023 se aprobaron más de 500 licencias de construcción en zonas con riesgo ambiental, sin estudios adecuados de impacto.

El costo de una ciudad al servicio del capital

Las decisiones de estas administraciones han profundizado problemas estructurales: el aumento de la desigualdad, la crisis de movilidad, la violencia urbana y el deterioro ambiental. La inversión en infraestructura no ha ido acompañada de políticas sociales robustas, dejando a millones de ciudadanos atrapados en una ciudad diseñada más para el lucro privado que para el bienestar colectivo.

El lumpen capitalismo en Bogotá se traduce en un crecimiento desordenado donde la vida urbana se precariza. El acceso a la vivienda digna es cada vez más difícil, el espacio público se reduce en favor de grandes proyectos comerciales y la calidad de vida de los habitantes se deteriora a medida que el mercado dicta las reglas de la ciudad. Testimonios de habitantes de zonas periféricas, como Ciudad Bolívar y Bosa, reflejan cómo la falta de transporte eficiente y el encarecimiento de la vivienda los obliga a desplazamientos diarios de hasta tres horas, mientras los proyectos urbanísticos de lujo crecen en el norte sin mejorar la infraestructura para todos.

¿Hacia dónde va Bogotá?

El choque entre el alcalde Galán y el gobierno Petro pone en evidencia el dilema central del futuro de Bogotá: seguir siendo una ciudad sometida a los intereses privados o avanzar hacia un modelo que priorice la sostenibilidad y el bienestar de la población. La resolución del Ministerio de Ambiente no es un capricho burocrático, sino un intento de frenar un modelo extractivista disfrazado de desarrollo urbano.

Si la ciudadanía no toma conciencia y exige un cambio de rumbo, Bogotá seguirá siendo el reflejo más claro del lumpen capitalismo: una urbe donde el capital dicta la política, y donde el progreso se mide no en calidad de vida, sino en la rentabilidad de los negocios de siempre.

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