Los Gaviria abrieron la mina hace 40 años; hace 10, los Ganoza de Perú la compraron. Ahora, las millonarias regalías atrasadas llegarán a la Gobernadora
El ingeniero antioqueño Guillermo Gaviria Echeverri descubrió el gran potencial de una veta de cobre en el Choco y en 1987 obtuvo un firmó un contrato de concesión con el Ministerio de Minas para explotar cobre, oro y plata en esa mina localizada en Carmen de Atrato. Decidido a explotarla comercialmente la registró la empresa Bocas S.A en la Cámara de Comercio de Medellín que tres años después pasó a ser la Minera El Roble S. A. Ubicada en el municipio de Carmen de Atrato, es la única mina de cobre en producción en Colombia.
El patriarca de la familia, pionero también en la producción de banano en Urabá, propietario y director del periódico El Mundo y un activo miembro del partido liberal decidió vender la mina poco antes de morir, próximo a cumplir 91 años, en septiembre del 2014. Había vivido en su última década la tragedia de su hijo Guillermo, a quien siendo gobernador de Antioquia lo secuestraron las Farc junto al ex ministro de defensa Gilberto Echeverri y fueron asesinados en cautiverio el 5 de mayo del 2003, pero también celebró el ascenso político de otro de sus hijos, Aníbal quien tomaría las banderas de su hermano Guillermo y fue elegido alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia.
En noviembre de 2013, la familia Gaviria Correa cerró la venta de un 90% de Minera El Roble S.A. La adquirió la familia peruana Ganoza, influyentes en el mundo político y económico, quienes son a su vez dueños de Ático Mining Corporation, gran minera con sede en Vancouver, Canadá y han estado en el negocio de la minería por cuatro generaciones.
La cabeza de Atico Mining es Jorge Alberto Ganoza Durant, tercera generación, quien es vicepresidente de operaciones desde 2019 y forma parte de la junta directiva, junto con la cuarta generación representada en los hermanos Luis D. Ganoza y Fernando Ganoza, este último es el actual CEO.
La transacción entre los Gaviria y los Ganoza alcanzó los USD 14 millones y esta incluyó las concesiones mineras, las licencias exploratorias, la mina subterránea, la planta de procesamiento y las instalaciones auxiliares, en un área de 394,55 hectáreas. El restante 10 % de Minera el Roble lo conservó la familia Gaviria Correa a través de la sociedad Las Vegas SA, una empresa dedicada principalmente a los negocios inmobiliarios.
Un viejo pleito que terminó en un costoso desembolso
Los dueños de la mina acaban de recibir un duro golpe que los obliga a pagar $ 119.000 millones por regalías vencidas a partir de que Atico Mining Co asumiera la operación de la mina. En el litigio jurídico empezó en 2021 y durante los cuatro años que duró, la Agencia de defensa jurídica del Estado y la Agencia Nacional de Minería trabajaron de la mano en un tribunal de arbitramento en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y resultaron vencedoras.
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El laudo le impone a la Compañía con sede en Canadá pagar en pesos colombianos el equivalente a aproximadamente USD 29 millones de dólares, ajustados por inflación colombiana e intereses devengados, por regalías vencidas. Atico Mining dentro de su plan de pagos ya ha entregado en pesos colombianos el equivalente a aproximadamente USD 12 millones de dólares, que ajustado por inflación e intereses devengados según sus estimaciones preliminares serían de aproximadamente USD 15 millones. Minera El Roble mantiene aproximadamente 6.500 toneladas métricas húmedas de oro concentrado sin vender en inventario como garantía del Plan de Pago con la Agencia Nacional de Minería en cabeza de Álvaro Pardo quien llegó al cargo en el gobierno Petro. La reserva aurífera muy seguramente tendrá que ser vendida por la minera El Roble para reducir el saldo adeudado. A precios actuales, el valor aproximado de este concentrado es de USD 2.000 por tonelada métrica seca.
Motivo del pleito con el Estado Colombiano
El contrato de concesión 9319 firmado el 18 de agosto de 1987 entre el Estado colombiano y Guillermo Gaviria por 30 años, establecía que, si la mina superaba las 100.000 toneladas de material extraído al año, debía reconocerse una participación a la nación.
Durante más de dos décadas, la producción no habría alcanzado ese límite; sin embargo, cuando la canadiense Atico Mining Co. de propiedad de la familia peruana adquirió la mina destinó cerca de USD 70 millones para incrementar su capacidad. Al siguiente año, en 2014 la extracción anual rebasó las 100.000 toneladas y se activó entonces la obligación de pagar regalías y participaciones al Estado.
A finales de 2015, la Agencia Nacional de Minería envió una notificación de reclamación a Minera El Roble solicitando el pago de regalías relacionadas con la producción de cobre. Según Atico, la reclamación se basaba en una ley minera vigente pero posterior a la ley minera vigente bajo la cual Minería El Roble suscribió el contrato minero que regula sus obligaciones de regalías por la propiedad. En consecuencia, la Compañía refutó la notificación de reclamación, argumentando que había cumplido con los pagos de regalías adeudados y exigidos en virtud del contrato.
A partir de ahí, surgió la controversia en torno a la interpretación contractual: mientras la ANM y la Contraloría General de la República sostenían que el límite se refería al material extraído, la compañía argumentaba que se aplicaba al volumen de mineral procesado.
Finalmente, en 2021 la Contraloría General de la República presentó un informe donde indicó que la ANM había dejado de cobrarle $21.955 millones a la Minería El Roble por contraprestaciones económicas de minería entre 1994 y 2020 (a tasa representativa de 16 de marzo de 2012), más los recursos que se puedan haber causado por concepto de regalías de cobre en aplicación a las disposiciones vigentes sobre el tema.
La diferencia de conceptos llevó a que el 27 de diciembre de 2021, Minería El Roble celebrara un acuerdo con la Agencia Nacional de Minería a cargo de Juan Miguel Durán para resolver la disputa mediante arbitraje vinculante en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá con el fin de buscar una resolución expedita de la reclamación en curso.
Una gobernadora con suerte
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi será quien podrá incluir dentro de su plan de inversión buena parte de los recursos por vía de regalías. Y se adelantó incluso a hablar de la destinación del inesperado presupuesto. No dudó en expresar públicamente su satisfacción en su cuenta X.
La gobernadora destacó que los fondos se utilizarán principalmente en el municipio de Carmen de Atrato, beneficiando proyectos de infraestructura, salud y educación, así como la atención a la crisis humanitaria que viven en medio del fuego cruzado de los grupos armados.
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