El Fondo Monetario Internacional suspendió la línea de crédito a Colombia por el alto déficit fiscal y la falta de un plan creíble. El país enfrenta una crisis
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El 26 de abril de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendió la Línea de Crédito Flexible (LCF) otorgada a Colombia, un mecanismo de financiación preventiva valorado en USD 8.100 millones. Esta decisión no fue un acto arbitrario, sino la consecuencia directa de un deterioro fiscal que ha colocado al país en una posición de vulnerabilidad económica. El déficit fiscal, que alcanzó el 6,7% del PIB en 2024, es el epicentro de esta crisis, evidenciando un desbalance estructural que amenaza la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El origen del problema: Un déficit fiscal insostenible
El déficit fiscal de Colombia en 2024 superó ampliamente el límite establecido por la regla fiscal (4,5% del PIB), rompiendo un compromiso clave para mantener la confianza de los acreedores internacionales. La deuda pública escaló al 61,3% del PIB, un nivel que, aunque no es el más alto de la región, refleja una trayectoria ascendente preocupante. Este aumento se explica por un gasto público que creció a un ritmo del 8,2% anual, mientras los ingresos tributarios, afectados por una desaceleración económica y una reforma tributaria insuficiente, apenas aumentaron un 3,1%.
Los atrasos presupuestales, que representan un 2,8% del PIB, agravan el panorama. Estos compromisos no pagados, acumulados en sectores como salud y educación, compiten directamente con el presupuesto de 2025, reduciendo el espacio fiscal para nuevas inversiones. La combinación de un gasto rígido, una base tributaria estrecha y una dependencia de ingresos volátiles (como los provenientes del petróleo) ha llevado al país a un punto crítico. El FMI, en su evaluación, identificó que el incumplimiento de la regla fiscal y la falta de un plan creíble de consolidación fiscal justificaban la suspensión de la LCF.
Consecuencias económicas de la suspensión
La LCF funcionaba como un seguro financiero, otorgando a Colombia acceso inmediato a recursos en caso de choques externos, como caídas en los precios del petróleo o contracciones del comercio global. Su suspensión eleva la percepción de riesgo país, lo que ya se refleja en un aumento de los rendimientos de los bonos soberanos (TES), que pasaron de 7,8% a 8,4% en el último trimestre. Este encarecimiento del endeudamiento público limita la capacidad del gobierno para financiar el déficit sin recurrir a medidas de austeridad.
Además, la confianza de los inversionistas se erosiona. Las calificadoras de riesgo, como Fitch y S&P, han advertido sobre una posible rebaja de la calificación crediticia (actualmente en BB+), lo que incrementaría aún más los costos de financiación. En el frente interno, el crecimiento económico proyectado para 2025 (2,4% según el Banco de la República) podría verse comprometido si la inversión privada se retrae ante la incertidumbre fiscal. La depreciación del peso, que acumula una caída del 12% en 2024, añade presiones inflacionarias, complicando la política monetaria.
La responsabilidad del Gobierno
El Gobierno de Gustavo Petro ha atribuido la suspensión de la LCF a presiones externas, calificando al FMI de intervencionista. Sin embargo, esta narrativa elude el núcleo del problema: el gasto público no ha sido acompañado de una estrategia para aumentar los ingresos o mejorar la eficiencia del gasto. Programas sociales y subsidios, aunque políticamente populares, han incrementado la rigidez presupuestal, mientras que la falta de consenso político para una nueva reforma tributaria limita las opciones de financiación.
El Gobierno enfrenta un dilema crítico. Por un lado, un recorte del gasto público, estimado en 40 billones de pesos por analistas como Luis Fernando Mejía, es necesario para restablecer la sostenibilidad fiscal y recuperar la LCF. Por otro, la reducción del gasto en un contexto de alta desigualdad y descontento social podría desencadenar protestas, como las de 2021. La ausencia de un diálogo político inclusivo complica la implementación de medidas estructurales.
Hacia una solución fiscal
La recuperación de la confianza del FMI y los mercados requiere un plan de consolidación fiscal claro y creíble. Esto implica:
Reducción selectiva del gasto público: Priorizar recortes en áreas de baja productividad, como subsidios no focalizados, preservando la inversión en infraestructura y programas sociales de alto impacto.
Reforma tributaria estructural: Ampliar la base gravable, combatiendo la evasión (que representa un 6% del PIB) y revisando exenciones tributarias que benefician desproporcionadamente a los sectores de mayor ingreso.
Fortalecimiento institucional: Restablecer la credibilidad de la regla fiscal mediante un monitoreo independiente y metas vinculantes.
Gestión de la deuda: Explorar instrumentos de financiación innovadores, como bonos verdes, para diversificar las fuentes de recursos sin comprometer la sostenibilidad.
La suspensión de la LCF no es un castigo del FMI, sino una señal de alerta sobre el rumbo fiscal de Colombia. El déficit fiscal, alimentado por un gasto público insostenible y una débil capacidad recaudatoria, ha expuesto al país a riesgos internos y externos.
La solución exige disciplina fiscal, pragmatismo político y un compromiso con la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Sin estas medidas, Colombia no solo perderá el respaldo del FMI, sino también la oportunidad de construir una economía resiliente en un entorno global cada vez más incierto.
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