Del atentado a Miguel Uribe a la Constituyente Popular

Almorcé un par de veces con Miguel Uribe Turbay cuando él era concejal y yo secretario de Desarrollo Económico de Bogotá. El tema era lograr apoyos en el Concejo para la Creación del Banco Capital, tarea que me consumió, junto a la formulación del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, el mayor esfuerzo personal e institucional y que Luis Carlos Sarmiento Angulo destruyó, en siete minutos, con tres llamadas telefónicas a concejales el día de la votación. Ni siquiera se salieron del recinto los concejales llamados por Sarmiento.

Entonces me pareció Miguel un muchacho ambicioso, consciente de su condición de delfín, pero muy simpático y atento a escuchar. Con el tiempo comprendí la estrategia de Miguel, ya senador: hacer lo mismo que Santos y que Duque. Aferrarse, cueste lo que cueste, a ser el mejor seguidor e intérprete de los dictados de Uribe Vélez para lograr ser ungido como presidente. A fe que lo estaba logrando, hasta que fue víctima del muchachito criminal que hoy todos odiamos y compadecemos, en ese torbellino de incertidumbres en que nos hemos consumido los colombianos.

El gran reto que ha enfrentado el presidente Gustavo Petro ha sido el de traspasar, dentro de la institucionalidad, el bloqueo sistémico de las élites colombianas a las reformas estructurales, para superar el rentismo especulativo y el extractivismo como principales formas de acumulación de capital y, de otro lado, lograr mayor equidad en el acceso a la tierra, a los recursos financieros, al conocimiento y a los servicios públicos. Es decir, crear condiciones para nivelar la cancha y cumplir así la agenda con que ganó las elecciones del 2022, repito, dentro del marco legal vigente.

El soporte ideológico del proyecto político del Pacto Histórico que lidera el presidente Petro, es el convencimiento de que la paz en Colombia, en el mediano y largo plazos, solo es posible con mayor democracia y mayor equidad. Por el contrario, las concepciones ideológicas de la derecha asumen que la paz en Colombia solo puede ser fruto de la victoria militar, arrasando con los enemigos reales o supuestos del orden centenario establecido. Entre estas dos concepciones ideológicas nos hemos debatido los colombianos, mientras las víctimas del conflicto armado superan ya los nueve millones de seres humanos.

Pero la agenda política está evolucionando a velocidades inesperadas. Y el atentado a Miguel Uribe Turbay parece escalarlo todo.

El berenjenal jurídico que armó la convocatoria a la Consulta Popular, como recurso legítimo para ampliar la participación directa del pueblo en las decisiones a favor o en contra de las reformas estructurales (ojo, no solo la laboral), seguramente se definirá, finalmente, mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Sin remedio.

No estuve de acuerdo con Petro cuando en 2018 se dejó arrinconar de Antanas Mockus y se comprometió a que no convocaría a una Constituyente. ¿Cómo limitar el derecho ciudadano a recuperar el espíritu de la Constitución de 1991, tantas veces destruido por contrarreformas de la vieja derecha enquistada en el Congreso, con participación directa de los paramilitares?

Un ejemplo al canto: si la impunidad en Colombia alcanza al 90 % de los delitos y 75 % de los homicidios quedan sin castigo, ¿de qué justicia estamos hablado? ¿cómo vamos a vivir en democracia sin justicia verdadera? ¡El entramado del aparato de justicia no se auto-reforma y el cartel de la toga no se deja tocar! Se requiere entonces una Constituyente.

Algo similar se puede predicar a favor de la Constituyente, en los casos del ordenamiento territorial no cumplido; del bloqueo “legal” a las reformas agraria y urbana; a la exclusión política de la Amazonia y la Orinoquia en el Senado; a la cooptación clientelista y corrupta del aparato electoral; a la impunidad de que disfrutan los corruptos y violadores, etcétera.

El atentado contra Miguel Uribe puede convertirse en la oportunidad de que un gran torrente nacional se una contra el terrorismo y la violencia

Es evidente que se requiere una reforma constitucional para consolidar la democracia, la justicia y la paz. Pero el camino para lograrla no está fácil. La extrema derecha, varios gremios empresariales y el poder mediático han arreciado un relato de odio e intransigencia para mantener el bloqueo institucional y paralizar políticamente al país. Los grupos armados delincuenciales y los rezagos de la vieja insurgencia copada por las rentas ilegales, le prestan a la derecha los argumentos de orden que más necesitan.

Por algún lado hay que desatollar la historia: el atentado contra Miguel Uribe Turbay puede convertirse en la oportunidad de que un gran torrente nacional se una contra el terrorismo y la violencia. Esclarecido el crimen y sus gestores intelectuales, vamos hacia un nuevo pacto de paz, consagrando una nueva reforma constitucional.