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No es un sarcasmo: el presidente Petro ha hecho una gran contribución a la consolidación de la democracia en Colombia. No porque se lo hubiera propuesto. Todo lo contrario. Lo que ha hecho es intentar socavar nuestras instituciones, pero estas han reaccionado con tal vigor y han defendido la institucionalidad con tal contundencia, que han salido fortalecidas.
Y le han demostrado al país y al mundo que venezolanizar el Estado colombiano no va a resultar tan sencillo.
El Congreso ha estado a la altura del desafío. Así algunos petristas de estrato seis, como Margarita de Francisco, pretendan deslegitimarlo, calificándolo de corrupto.
Ninguna institución, mi apreciada y enmermelada Mencha, es corrupta. Pueden serlo algunos de quienes la integran.
Por ejemplo, no podemos calificar de corrupta a la Unidad de Atención de Desastres. Los corruptos fueron algunos petristas que la saquearon como Olmedo López, Ricardo Bonilla, Carlos Ramón González, Sandra Ortiz y Sneider Pinilla, entre otros.
Asimismo, en el Congreso, hay gente corrupta, empezando por los expresidentes de la Cámara, Andrés Calle y del Senado, Iván Name, que se dejaron sobornar por el petrismo para facilitar la aprobación de algunas iniciativas. Igual de inmorales son los lentejos de diferentes partidos que han vendido su conciencia y su voto para aprobar proyectos petristas.
Pero hay muchos congresistas que no lo son: Miguel Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Alejandro Ocampo, Christian Garcés, Humberto de la Calle (renunció a su curul), Angélica Lozano, entre muchos otros.
La verdad es que el Congreso se ha convertido en una talanquera para las pretensiones dictatoriales de Petro. Hundió la Reforma a la Salud, la Ley de Financiación y y la Consulta Popular, la que hundió no una sino dos veces.
A pesar de las ofertas clientelistas del gobierno, el Legislativo ha sabido mantener su independencia y su dignidad. Gracias a lo cual ha recuperado buena parte de su credibilidad.
El poder judicial, representado por las altas cortes, también le ha puesto el tatequieto a las intenciones absolutistas de los tres alegres compadres: Petro, Benedetti y Montealegre.
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en especial, han sabido defender la Constitución y la División de poderes, sustento de la democracia. La más reciente actuación de ese último tribunal así lo demuestra: la suspensión del decreto que ordenaba convocar la Consulta Popular.
Y lo hizo ajustado a derecho porque ese decreto violaba de una forma flagrante el artículo 104 de la Constitución, que dice: “el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado, puede consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional”.
Y sucede que el concepto que dio el Senado no fue favorable sino desfavorable. Eso es clarísimo, así el culebrero Ministro de Justicia pretenda enredarnos citando a Hegel y a la constitución alemana.
Lo cierto es que el marrullero Presidente que nos tocó, derogó el decreto espurio que ordenaba convocar la Consulta Popular, más porque él sabía que era ilegal que porque el Congreso le aprobó la reforma laboral, como afirmó.
Lo que hay que hacer para evitar que Petro tenga la tentación de tomar medidas que atentan contra la Constitución, para chantajear a la institucionalidad nacional, es sancionar severamente a los cómplices del Mandatario: los ministros que firmaron ese decreto.
Así el presidente haya derogado el decreto, la intención de violar la Constitución por parte de esos ministros fue evidente. Y por ello deber ser investigados por prevaricato por acción. La derogación del decreto no borra el delito.
Quienes secunden las intenciones dictatoriales del mandatario deben saber a lo que se exponen. Si persisten en el empeño de hacerle la segunda a su jefe en sus exóticos caprichos, que se atengan a las consecuencias.
También hay que destacar el proceder del Registrador Hernán Penagos. Ante la decisión del Gobierno de convocar una consulta sin los requisitos exigidos por la ley, condicionó la realización de la misma al concepto que dieran las altas cortes.
Entre otras cosas, a los petristas hay que aclararles que el registrador, junto con el CNE, es la cabeza de la rama electoral, cuya independencia también es fundamental para la democracia.
El abogado constitucionalista Andrés Úsuga precisa que “el registrador no tiene ningún jefe. Y si lo tuviera, serían los tres presidentes de las cortes que lo eligen”. Por tanto, para Penagos no atender las órdenes del Presidente no es un acto de “sedición”, como afirmó Petro . Simplemente porque este no es su jefe.
Lo que Petro pretende es que, como ocurre en Venezuela, donde el poder electoral, como todos los demás, es subalterno del dictador Maduro, el registrador satisfaga sus caprichos sin chistar. Para su desgracia, Penagos no es Tibisay Lucena.
Lo que es evidente es que la independencia de poderes, que insisto, es la base de la democracia, salió fortalecida de la mayor amenaza que ha padecido en la historia republicana de Colombia.
Sin embargo el Congreso y la Justicia deben estar muy atentos y preparados , porque de seguro los intentos de Petro de pasarse por la faja la democracia persistirán. (Ahora salió con el cuento de convocar una Asamblea Constituyente)
La primera prueba la superaron, confiemos en que sepan superar las que vienen.
Del mismo autor: Montealegre, el ‘rasputín’ jurídico de Petro
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