La historia criminal de los 6 capos que Petro subió a la tarima en Medellín

El sábado 21 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro presentó en una tarima levantada en la plaza de La Alpujarra, en Medellín, como “hombres rehabilitados” a nueve líderes de bandas criminales excarcelados transitoriamente de la cárcel del Itagüí y ponderó su papel como actores de un proceso de sometimiento socio-jurídico ligado a la paz total.

Por causa de ese llamado “tarimazo”, que exacerbó los ánimos de oposición y de varios sectores sociales, llovieron sobre el mandatario rayos y centellas. Su concentración popular fue calificada como una afrenta a las víctimas de agentes criminales que han recorrido el código penal y no merecerían entonces ningún tipo de reconocimiento en un verdadero proceso de paz.

Petro, su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y la senadora Isabel Zuleta, merced a cuyos oficios los antiguos reos pudieron saludar a la gente desde un atril presidencial, han defendido esa movilización como un acto legítimo de su pacificación.

¿Qué tan avanzado está en verdad la rehabilitación de esos hombres en las cárceles? Las2Orillas tuvo acceso a expedientes que reflejan sus antecedentes y revelan que aún siguen se relacionan con procesos judiciales activos en los que se sindica de lavado de activos y de otras maniobras para el ocultamiento de sus fortunas mal habidas.

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Las autoridades judiciales los relacionan con despojos de tierras, desplazamientos forzados, homicidios selectivos y otros atentados contra los bienes jurídicos de la Nación. Esta es una semblanza de ellos.   

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, fue considerado hasta 2017, cuando se produjo su captura, un objetivo de alto valor para la DEA. Estados Unidos puso entonces sobre la mesa US$2 millones que generaron una disputa entre los informantes y quebraron el círculo de lealtades que se trazaba a su alrededor. Su detención se produjo en diciembre de aquel año en el municipio antioqueño de El Peñol.

Cuando les pidió a dos juzgados penales del circuito de Cali y Medellín de extinción de dominio especializados proceder contra los bienes de Tom y de sus testaferros la Fiscalía envió a esos despachos copias de la investigación penal radicada bajo el número 050016099029201800003 en la que su nombre aparece como líder de una temida organización denominada ‘Los Chatas’. Desde el municipio de Bello Mesa mantuvo durante veinte años una industria criminal que, además del narcotráfico, desató escaladas de homicidios selectivos y forzó el desplazamiento de hacendados y comerciantes para apoderarse de sus bienes allí, en Copacabana, Girardota y Barbosa.

Nominalmente, por el número de toneladas que movía en el mercado, fue considerado el traficante más poderoso del Valle de Aburrá y heredero de una de las estructuras mafiosas creadas por Pablo Escobar: La Oficina de Envigado.

A su lado estuvo en la tarima habilitada por el Gobierno nacional Juan Camilo Rendón Castro, El Saya. Según información remitida por la Fiscalía 24 de la Dirección Nacional Especializada contra el Crimen Organizado al Juzgado primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, Rendón hizo una parte de una organización a la que se le atribuye, entre varios asesinatos, las muertes de dos funcionarios de Antinarcóticos de la Policía Nacional,  Franklin Ferley Moreno y Sergio Antonio Castro, funcionarios de Antinarcóticos de la Policía Nacional, ocurridas el 12 de julio de 2012.

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La suya está considerada por las autoridades como una “organización delincuencial integrada al narcotráfico (ODIN), ligada a la oficina de Envigado, cuyo accionar delictivo tiene lugar en las comunas 3 y 4 y parte del centro de Medellín, manteniendo la hegemonía en sectores como Manrique, Campo Valdés, Aranjuez, un sector del centro conocido como la Bayadera”.

En los expedientes judiciales se lee que El Saya integró la segunda generación de La Terraza, banda ligada a los asesinatos de los investigadores del CINEP, Mario Calderón y Elsa Alvarado, el 19 de mayo de 1997; infiltraciones y asesinatos de funcionarios del CTI Seccional de Medellín entre los años 1997 y 1998, y el homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón, el 13 de agosto de 1999 en Bogotá.

Las cámaras de la televisión pública también mostraron en la concentración de La Alpujarra a Albert Antonio Henao Acevedo, quien según la dirección especializada de las Fiscalías contra Organizaciones Criminales (DECOC), es líder de ‘Los Pachelly, organización fundada por Jorge Evelio Restrepo, Don Evelio, a comienzos de la década del 2000, y conformada en principio por desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), catalogándose por las autoridades

Henao parece ocultar su fortuna a través de una complejo estructura de testaferros y por eso hoy los procesos judiciales en los que están asociados sus nombres y los de sus compañeros de organización se encuentran activos en juzgados especializados en la extinción del dominio de bienes de origen ilícito.

El uso de correos humanos y encomiendas para el transporte de cocaína hace que su dossier incluya un recorrido por Panamá, México, Estados Unidos, Aruba, Holanda, España y Guinea Bisáu.

José Muñoz Martínez, Douglas, es quizá el más mediático de los actores de la paz total de los que se hizo acompañar el presidente en Medellín. Es ampliamente reconocido como jefe de La Terraza. Su prontuario y las operaciones que seguiría dirigiendo desde la prisión han arrastrado durante el último lustro a algunos de sus seres queridos.

En los anaqueles del Tribunal Superior de Medellín reposa información según la cual su esposa, Diana Marcela Olaya Galeano y su hijo fueron acusados en audiencia celebrada el 19 de abril de 2021por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito departiculares.

En su frondoso expediente se lee: “Adquirieron, resguardaron, invirtieron, custodiaron y administraron bienes que tenían su origen mediato o inmediato en actividades ilícitas, como enriquecimiento ilícito, tráfico de sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas, o vinculados con el producto de delitos como el concierto para delinquir, dándoles apariencia de legalidad y ocultando o encubriendo su verdadera naturaleza, origen, destino, movimiento o derecho sobre bienes y recursos”.

El bien más visible de la señora Olaya Galeano ha sido un Spa con razón social Élite: recuperación física, cuya contabilidad oculta mal el rastro de numerosos ingresos y retiros que no tendrían relación con la actividad económica registrada por ella.

En el cuadro de los presos excarcelados transitoriamente para ir a la Alpujarra, por solicitud de la senadora Isabel Zuleta lo integra También Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre. La fiscalía 27 Especializada de Bandas Criminales lo presenta como miembro de la organización delincuencial “Robledo”, conformada por desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia.

El origen de su organización se remonta a la década de los 90, cuando jóvenes del barrio El Pesebre de la Comuna 13 de Medellín eran dirigidos por García e integrados algunos de ellos al ala sicarios al servicio de las milicias urbanas de la ciudad y algunos miembros del cartel de Medellín.

La Fiscalía 132 delegada ante los Juzgados Penales del Circuito lo acusó como determinador del delito de homicidio agravado del que fue víctima Mauricio Alberto Velásquez Valencia. Según testigos, “el móvil del homicidio fue que Mauricio se apoderó de dineros producto del tráfico de hidrocarburos de propiedad de la organización”.

Otro de los convidados conocidos de autos fue Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, que según el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia y la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, ha movido rentas criminales les permiten adquirir bienes que no están registrados a su nombre sino a nombre de terceras personas, de confianza o de su propio núcleo familiar.

“Esta situación es a todas luces grave pues el incremento de este patrimonio le otorga un poder cada vez mayor a estas organizaciones delincuenciales, esto es, poder bélico, crecimiento en número de integrantes y consolidación del mando en los territorios”, se lee en una de las páginas de su sumario.

La historia criminal de los seis duros delincuentes del tarimazo que contradice la tesis del gobierno de estar frente a condenados rehabilitados, que parecería ser apoyada por un penalista del calibre de Eduardo Montealegre, quien funge ahora de Ministro de Justicia, para poder justificar un Acuerdo de Paz, sin marco jurídico, que deja abiertos muchos interrogantes.