En Colombia no hay rehabilitación carcelaria: hay hacinamiento, reincidencia y crimen organizado que se disfraza de paz mientras las víctimas callan
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“El que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación”. Con esa frase, el presidente Gustavo Petro justificó la presencia de los jefes condenados de La Oficina de Envigado en una tarima pública durante un evento celebrado el 21 de junio en Medellín.
El país quedó dividido entre quienes aplauden el gesto simbólico y quienes entienden que no se puede maquillar con discursos, lo que sigue siendo crimen organizado. Entre estos últimos está su propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien dejó una frase que lo dice todo: “algunos de ellos siguen delinquiendo”.
Pero vayamos a la pregunta de fondo: ¿las prisiones en Colombia rehabilitan? La respuesta es sencilla: no. En este país, la prisión no representa rehabilitación, representa encierro, y eso, a medias. La tasa de reincidencia en Colombia es del 28 %, y lo más preocupante es que, de ese grupo, al menos la mitad vuelve a delinquir por tercera vez. Estamos frente a un sistema que no interrumpe el delito: lo perpetúa.
Y mientras eso ocurre, la impunidad es la regla. Según palabras de la propia fiscal general de la nación: “a juicio llega si acaso el 5 % de la delincuencia real que tenemos en el país. Y ese 5 % tiene colapsados a los jueces”. Y de cada 100 procesos que alcanzan la etapa de juicio, solo alrededor de la mitad logra una sentencia condenatoria. Esto nos da pistas de por qué el crimen no se detiene.
El sistema penitenciario colombiano sufre fallas estructurales profundas: hacinamiento superior al 150 %, escaso acceso a educación, salud mental y empleo. Cada año se decomisan más de 28.000 celulares dentro de los centros penitenciarios y, sin embargo, las extorsiones y amenazas persisten como si nada. La corrupción interna ha permitido que muchas cárceles se conviertan en fortalezas criminales. Por lo que se sabe, algunos internos incluso viven entre lujos.
Los brazaletes electrónicos, ni para que hablar, una idea correcta solo en el papel, opera como un piloto sin recursos ni alcance. La Ley 65 de 1993, columna vertebral del sistema carcelario, no responde a la realidad actual del país. En Colombia se encarcela, pero no se transforma. Se castiga, pero no se repara. Y lo peor es que se olvida a las víctimas y se romantiza al victimario, como acaba de ocurrir.
En Colombia se normaliza la repetición del delito. Aquí no hay redención: hay rotación. Y aun así, se pretende revestir con el epíteto de «rehabilitación» a quienes siguen controlando barrios ciudades desde una celda.
Creer en la reintegración es un deber del Estado, pero mentirse al respecto es una irresponsabilidad. Porque no hay reconciliación si se aplaude al verdugo mientras la víctima sigue pagando con su silencio. No hay paz si quienes están privados de la libertad siguen ordenando el terror sin temor.
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