Encenillos enfrenta una crisis devaluadora por discursos que cuestionan su legalidad, incluso desde dentro. Vecinos piden claridad y responsabilidad institucional
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La tranquilidad de los propietarios del conjunto Encenillos de Sindamanoy ha sido sacudida por una creciente ola de incertidumbre jurídica, ambiental y mediática que amenaza con convertirse en la mayor crisis de devaluación inmobiliaria de la Sabana de Bogotá.
Reportajes recientes en medios como Las2Orillas, Infobae, Cambio y El Tiempo han instalado en la opinión pública la idea de que este conjunto —donde ya existen más de 350 casas construidas con licencias legales— está ubicado en una zona de reserva ambiental que nunca debió ser urbanizada.
El impacto ha sido inmediato: las viviendas han empezado a perder valor de manera acelerada, compradores se han retirado y los bancos están negando créditos según vecinos, todo por el temor de que Encenillos esté en riesgo jurídico o incluso de demolición.
Hoy se ha desatado una narrativa pública que sugiere que el conjunto entero es irregular, lo que está generando un efecto devastador en el patrimonio de todos los propietarios.
La reciente ola de noticias, declaraciones públicas y presiones institucionales que están afectando al conjunto Encenillos de Sindamanoy no se limitan únicamente a ese proyecto. Lo que hoy ocurre con Encenillos abre la puerta a una revisión generalizada de todas las urbanizaciones ubicadas en zona de reserva forestal y bosque protector, incluyendo:
- Sindamanoy
- Yerbabuena
- Yerbabonita
- Y demás conjuntos residenciales en la zona alta de los cerros orientales de Chía
De continuar este enfoque, se podría generar una avalancha de sanciones ambientales, multas millonarias y hasta procesos de demolición, que no solo destruirían hogares, sino que podrían llevar a la quiebra a comunidades enteras que fueron desarrolladas bajo licencias y actos administrativos vigentes en su momento.
Los mensajes irresponsables, declaraciones contradictorias y campañas de estigmatización, como las que se han difundido en medios recientemente, están sembrando un precedente peligroso, injusto y devastador, incluso para quienes han cumplido con todos los requisitos de ley.
Una devaluación silenciosa, pero real. Aunque, por ahora, no existe ninguna orden formal de demolición, la percepción que se ha instalado es suficiente para hundir el valor de las viviendas.
- Propietarios reportan que ya no logran vender sus casas, incluso bajando los precios.
- Corredores inmobiliarios están evitando ofrecer inmuebles allí.
- Entidades financieras han comenzado a negar financiación para compra o remodelación de viviendas en el conjunto.
El resultado: una devaluación patrimonial colectiva que golpea a más de 350 familias sin que nadie —hasta ahora— se responsabilice por las consecuencias.
En el centro de esta contradicción está el nombre de Gloria Lucía Álvarez Pinzón, quien fue directora general de la CAR (Corporación Autónoma Regional) en 2003-2006. Durante su gestión:
- Firmó la Resolución 1141 de 2005, que modificó los límites de la Reserva Forestal, permitiendo el desarrollo inmobiliario en los cerros de Bogotá.
- Bajo su dirección, la CAR entregó los estudios técnicos y cartográficos que permitieron que el Ministerio de Ambiente expidiera la Resolución 463 de 2005, de igual manera levantando las zonas de reserva forestal en Chia.
Años después, Gloria Álvarez adquirió una propiedad dentro de Encenillos, a través de la empresa Alpingo S.A.S., donde figura como socia junto a su familia. Es decir: vive en el mismo conjunto que ella ayudó a aprobar como funcionaria pública.
Pero, lo que ha generado desconcierto y molestia entre vecinos es que la misma persona que habilitó Encenillos desde su cargo institucional, hoy aparece en medios hablando en contra del tipo de urbanización que allí se desarrolló.
En declaraciones al diario El Tiempo, Álvarez afirmó:
“El otorgamiento de esta licencia no solo viola el POT, sino fallos judiciales vigentes, y significa urbanizar una zona de reserva forestal y bosque protector.”
Para muchos propietarios, este discurso representa una doble moral evidente, ya que quien construyó el marco legal del proyecto y se benefició directamente de él, ahora lo pone en duda públicamente, desatando un efecto dominó devastador para el conjunto entero, creando una devaluación patrimonial para todos los vecinos nunca antes vista.
¿Quién responde por la pérdida del patrimonio?
El daño ya está hecho: las casas valen menos, no se pueden vender y han quedado marcadas por el discurso contradictorio de quien se benefició del proyecto y ahora lo sabotea desde dentro.
Los vecinos se preguntan:
- ¿Quién responderá por esta devaluación?
- ¿Por qué se ataca un conjunto que fue aprobado legalmente?
- ¿Y cómo es posible que quien vive en una mansión dentro del mismo proyecto sea quien hoy alimenta el discurso que lo pone en riesgo?
Encenillos no se destruye desde afuera. Lo están destruyendo desde adentro
La amenaza no es jurídica. Es política, mediática y discursiva. Mientras no haya claridad institucional, cada entrevista, cada cita y cada artículo que cuestiona el conjunto —especialmente viniendo de alguien que lo aprobó— sigue hundiendo el valor de nuestras casas.
Los vecinos están diciendo: Lo que está en juego es nuestro patrimonio, nuestra seguridad jurídica… y nuestra tranquilidad.
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