La iniciativa está presentada ante el Consejo de la ciudad, según la Alcaldía, es una opción para recaudar recursos para invertirlos en nuevas obras
En las oficinas de la Secretaría de Hacienda de Bogotá saben que las cuentas de la ciudad no se sostienen solas. La capital, con sus calles siempre llenas y su infraestructura siempre exigida, necesita recursos frescos para seguir creciendo y atendiendo las demandas de sus habitantes. Por eso, la administración de Carlos Fernando Galán lleva meses explorando maneras de fortalecer las finanzas distritales sin depender tanto del gobierno nacional.

En medio de esa búsqueda, una idea que ha rondado por años vuelve a la mesa: el cobro por el alumbrado público. La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena Ruiz, lo plantea con una lógica difícil de refutar: si la mayoría de municipios en Colombia ya lo cobran, ¿por qué Bogotá no? Aquí, sin embargo, no basta con que la idea tenga sentido económico. La ciudad arrastra una larga tradición de rechazarla.
El intento más reciente ocurrió este mismo año, cuando en el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” se incluyó un artículo que proponía crear esta contribución. Pero, como tantas otras veces, terminó retirándose porque no logró el respaldo del Concejo. Los concejales, cautelosos ante un nuevo impuesto para los ciudadanos, prefirieron no aprobarlo.
Esa escena no es nueva. En los años noventa y dos mil, Antanas Mockus ya lo había intentado durante sus dos administraciones. En su momento, también se argumentaba que el alumbrado es un servicio del que todos se benefician y que cuesta millones de pesos al Distrito mantener encendidas las luces de las avenidas, parques y barrios. Sin embargo, la propuesta naufragó cada vez que llegó al Cabildo. Desde entonces, varias administraciones lo han vuelto a proponer, siempre con el mismo resultado: mucha discusión, poca decisión.
La administración actual, a pesar de la resistencia histórica, no está dispuesta a rendirse. Con el Plan de Desarrollo ya en marcha, la Alcaldía conformó una comisión de expertos para repensar la estructura tributaria de la ciudad. Esa comisión trabaja en silencio desde hace semanas, revisando cifras, escenarios y alternativas para que Bogotá tenga más ingresos propios. Entre esas alternativas, por supuesto, figura nuevamente el cobro del alumbrado.
Hoy, en la Secretaría de Hacienda esperan con atención el informe final de los expertos. No será la única propuesta que recibirán, pero sí una de las que genera más expectativa. La lógica sigue siendo la misma: mientras en otras ciudades esta contribución ya forma parte de las facturas que pagan los ciudadanos, en Bogotá se sigue financiando con recursos generales, lo que limita la capacidad del Distrito para invertir en otras prioridades.
El dilema no es sencillo. Los defensores de la iniciativa insisten en que es una manera justa de distribuir los costos de un servicio esencial. Sus detractores, en cambio, recuerdan que los bogotanos ya sienten el peso de los impuestos y que añadir uno más en tiempos difíciles podría ser impopular.
Galán, sin embargo, no parece dispuesto a renunciar. Entre sus planes sigue estando insistir ante el Concejo con esta propuesta. Para él, asegurar recursos suficientes para sostener la inversión en obras, seguridad y programas sociales es una prioridad que no puede depender únicamente de la buena voluntad del gobierno nacional.
La historia de este cobro en Bogotá es, al final, la historia de una ciudad que no termina de decidir si quiere repartir esa carga entre todos o seguir asumiéndola desde las arcas públicas. La luz de Bogotá, por ahora, sigue encendida sin que nadie pague directamente por ella. Pero en las oficinas del Distrito están convencidos de que tarde o temprano esa cuenta tendrá que cobrarse.
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