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Alguien escribió una genialidad: “¿Usted por qué desconfía del sistema electoral colombiano? Porque me eligió presidente”.
Más que una broma, esta frase resume con precisión el absurdo en el que ha caído el presidente Gustavo Petro: ha decidido emprender una cruzada política, jurídica y mediática contra la empresa que ha manejado varias elecciones, incluyendo la suya.
En Colombia, la democracia no solo se erosiona por golpes autoritarios, sino también por decisiones obsesivas disfrazadas de justicia. Un ejemplo concreto y alarmante: la persecución atroz que el presidente ha emprendido contra la empresa Thomas Greg & Sons. No se trata simplemente de un desacuerdo contractual. Se trata del uso del aparato estatal para castigar a un actor privado, desprestigiarlo públicamente, sabotear licitaciones legítimas y, lo más grave, desconocer las reglas institucionales que garantizan el equilibrio de poderes y la confianza pública.
Una empresa logística convertida en enemigo político
Thomas Greg & Sons no maneja bases de datos sensibles ni tiene acceso a información confidencial del Estado. Lo que presta son servicios logísticos, como la impresión y distribución de pasaportes y documentos oficiales, soporte técnico y gestión operativa. Es decir, es un contratista, no un vigilante del sistema electoral ni un recolector de datos ciudadanos.
A pesar de ello, el presidente ha repetido públicamente que “el Estado colombiano fue secuestrado por una empresa privada”, aludiendo directamente a Thomas Greg & Sons. Una frase cargada de gravedad que no solo desinforma, sino que manifiesta sospechas infundadas sobre un proveedor legal y cumplidor.
Además, hasta la fecha, no existe un solo fallo judicial o disciplinario que condene a Thomas Greg por corrupción o malas prácticas. Ha ganado contratos con varios gobiernos, incluido el actual, a través de procesos competitivos y públicos. Entonces, ¿por qué el ataque?
El inicio del asedio: prevaricato y urgencias inventadas
La embestida institucional comenzó con el exministro Álvaro Leyva, quien declaró desierta una licitación ya adjudicada legalmente, lo cual le costó una sanción e inhabilidad de 10 años. Su decisión fue más ideológica que jurídica. Luego, Luis Gilberto Murillo asumió el Ministerio de Relaciones Exteriores y decretó una urgencia manifiesta sin soporte técnico, que también fracasó.
Laura Sarabia, entonces directora del Dapre, admitió en privado, y luego ante medios, que la Imprenta Nacional no tenía capacidad tecnológica ni operativa para asumir la producción de pasaportes. Aun así, el discurso falso de “recuperar la soberanía” se impuso sobre la realidad.
Y mientras tanto, Alfredo Saade, operador sin competencia legal, apareció en escena como vocero de Palacio, atacando a Thomas Greg & Sons desde redes sociales y entrevistas. Un funcionario que no tiene funciones contractuales, pero que actúa como comisario ideológico del presidente.
Un discurso oficial de odio
Petro ha usado su investidura para insistir en la desinformación. En uno de sus trinos más peligrosos, dijo: “Este gobierno no está arrodillado a Thomas Greg”, como si cumplir la ley y respetar fallos fuera una forma de sometimiento.
El problema no es esa frase, sino lo que la acompaña: la estigmatización pública como táctica presidencial para desacreditar al contradictor. En su narrativa, la legalidad se convierte en sumisión, y el contrato cumplido en amenaza a la patria. Se invierten los valores democráticos. En ese ambiente, cualquier contradicción se castiga. Y cualquier voz crítica, se silencia o desprestigia.
Hipocresía institucional: el caso elecciones 2026
La contradicción más flagrante es que el gobierno que acusa a Thomas Greg & Sons de “poner en riesgo la soberanía”, no demostró ninguna irregularidad ante la Registraduría Nacional, la cual le adjudicó el contrato para organizar las elecciones presidenciales de 2026, por más de $2.1 billones.
La democracia también es víctima
Esta persecución no solo ha tratado de dañar a una empresa, sin lograrlo. Ha erosionado la seguridad jurídica, la neutralidad administrativa y la legitimidad institucional. El mensaje es claro: cumplir con la ley no basta si no te alineas con el poder.
Periodistas, como Diana Saray Giraldo, que han denunciado esta estrategia de manipulación, han sido atacados en redes sociales por perfiles asociados al trabajo militante del gobierno petrista. La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó una retractación pública en su favor, reconociendo que las acusaciones eran falsas.
El poder como garrote ideológico
Lo más peligroso es que el Estado, en lugar de ser árbitro, se vuelve parte interesada en crearle una vendetta a una empresa privada. Petro no ha reformado el aparato estatal, lo ha instrumentalizado para castigar, intimidar y someter.
El juicio de 2026
Petro podrá repetir que “no se arrodilla a nadie”. Ya lo hizo ante Trump. Pero la historia está mostrando que él arrodilló cancilleres, manipuló licitaciones, desacreditó a periodistas y saboteó a una empresa legal solo porque no encajaba en su discurso dictatorial.
En 2026, los colombianos también votarán por un modelo de país. Uno donde el Estado es juez imparcial. O uno donde el presidente es acusador, verdugo y propagandista a la vez. Queda entonces demostrado que tenemos un presidente que no es capaz, incluso, de brindarnos a los colombianos pasaportes. La responsabilidad es de Petro. Afortunadamente el Registrador que no depende de él, tiene lista la logística electoral para el año 2026.
Hoy, el caso de Thomas Greg es el símbolo más visible, pero no el único. Es la infamia revestida de odiosa discriminación: El daño es a la democracia, a los empresarios y a nuestra sociedad,
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