La directora del Jardín Botánico entregó 71 hectáreas de reserva para construir viviendas estrato 6

En 2013, el Minambiente avaló sustraer 71,6 hectáreas de reserva en Chía para el proyecto Encenillos de Sindamanoy, favoreciendo intereses privados sobre el ambiente

En una resolución de 2013 se avaló la sustracción de zona de reserva de una importante área para que siguiera adelante el depredador conjunto Encenillos de Sindamanoy.

En el despojo de montañas y zonas de reserva forestal de que ha sido objeto el municipio de Chía a manos de constructoras inescrupulosas, empieza a quedar cada vez más claro, con nombres y apellidos, quiénes han estado detrás de este desastre ambiental.

En un artículo previo ya se señaló que el depredador desarrollo de vivienda de condominio campestre Encenillos de Sindamanoy a cargo de la constructora Pedro Gómez y Cía. Ha perpetuado y acentuado graves daños ambientales en las montañas circundantes (naturales fábricas de agua), que además son un patrimonio paisajístico invaluable.

Y al buscar más respuestas en la propia alcaldía de Chía sobre por qué se ha permitido esto, resulta que el propio Ministerio de Ambiente de Colombia, sí, aparentemente, el Ministerio de Ambiente de Colombia, también ha estado detrás de este desastre.

En septiembre de 2013, mediante la Resolución 1200, la entonces directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Minambiente, María Claudia García Dávila, hoy directora del Jardín Botánico de Bogotá, cedió a las pretensiones de Pedro Gómez y Cía. y de su socio Promotora Quinta Avenida, representados por Claudia Patricia Mora, y sustrajo una importante área de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, así como lo lee.

Había sido el entonces Minambiente Frank Pearl quien, mediante Resolución 53 del 24 de enero de 2012, le había delegado esa delicada función, para la cual, desde una perspectiva pública, García Dávila no estaba capacitada, pues privilegió intereses particulares sobre el interés general.

En la resolución que lleva su firma, García Dávila avaló “la sustracción definitiva de un área de 71,64 hectáreas de la Zona Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca alta del Río Bogotá para el proyecto “Encenillos de Sindamanoy” en el municipio de Chía (…) solicitada por las sociedades PEDRO GÓMEZ Y CÍA. y PROMOTORA QUINTA AVENIDA”.

Fueron 14 los polígonos solicitados para seguir construyendo Encenillos de Sindamanoy en 13 etapas, equivalente a 71,64 hectáreas, pero en un predio de 286,45 ha, de las cuales 93,52% están dentro de la zona de reserva forestal mencionada, según la misma resolución.

Lo más irónico es que el propio documento admite que el área de influencia directa tiene vocación de uso de suelo forestal “para producción, conservación y protección de los recursos naturales”.

Para mayor descaro, el documento también refiere que el árbol encenillo (Weinmannia tomentosa) es una especie de importancia ecológica, y que las áreas objeto de sustracción están en Zona de Bosque Protector (ZBP) y Zona de Reserva Forestal Protectora (ZRFP) del propio Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Chía, así como en Zona de Protección al Sistema Hídrico (ZPSH), que en teoría deben priorizar la conservación e incluso la restauración.

Lo que más llama la atención a lo largo de todo el documento, disponible en internet, es que en lugar de una lectura crítica que privilegiara el principio de precaución, luce como una simple justificación alcahueta de casi todos los argumentos del constructor, siempre minimizando los impactos ambientales presentes, pasados y futuros.

Alegando que la mayor extensión son pastos y arbustos producto de actividades agropecuarias extensivas que se remontan a los años 60, desecha por completo la posibilidad de que esas áreas fueran más bien objeto de restauración para ampliar las zonas de reserva y regeneración hídrica, como han advertido incluso exmagistrados de altas cortes.

Con fundamentos jurídicos endebles y acomodaticios, que para nada mencionan los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución, los cuales consagran la obligación del Estado de proteger las riquezas naturales, la diversidad e integridad del ambiente, y para no hacer el cuento más largo, fue así que la entonces directora García Dávila avaló la polémica sustracción de los terrenos de zona de reserva.

Otra de las justificaciones absurdas en la resolución, viciada de origen en sus futuras consecuencias, es que en los predios no se llevarían a cabo actividades agropecuarias, las cuales sí serían incompatibles con su vocación forestal, pero bien que permitieron la construcción y edificación de viviendas, que tienen un impacto ambiental y paisajístico aún mayor.

Es lamentable y vergonzoso que quienes en su función pública tienen la obligación de velar por el cuidado del medio ambiente, se presten más bien a intereses privados para cometer semejantes atropellos.

Si algo le queda de decoro, bien haría García Dávila en renunciar a su actual cargo de directora del Jardín Botánico de Bogotá, pues no tiene la más mínima presentación, incluso para el alcalde Carlos Fernando Galán, que como funcionaria pública siga en esa dependencia y ocupe alguna otra.

Y bien harían otros altos organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República o la misma Fiscalía General, en indagar las muchas y graves omisiones e irregularidades que han favorecido el avance depredador del polémico desarrollo inmobiliario Encenillos de Sindamanoy, que por si fuera poco ha ignorado medidas precautorias y fallos judiciales que han intentado frenarlo.

Resolución completa acá

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