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Esta sentencia es una oportunidad de redención nacional. Aunque a Álvaro Uribe Vélez no lo juzgaron y condenaron por casos como Agroingreso Seguro o el enriquecimiento de sus hijos con las zonas Francas de Mosquera*; o por las Chuzadas del DAS -entre otros abajo mencionados-, nos cabe con este fallo una esperanza cierta: de que la ley no sea un privilegio para unos pocos sino un derecho de todos; que sus alcances no dependan de la talla del delincuente o del fiscal de turno. Si le quitamos la venda a la Justicia para juzgar a Uribe, también deberíamos quitársela para que ahora sean juzgados Samper, Pastrana, Santos, Duque e incluso Petro, poniendo a cada quien en su sitio.
12 años de prisión domiciliaria en primera instancia (3 más de los que pidió la Fiscalía) por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal y una multa de miles de millones, hacen parte de una condena histórica.
Imágenes: Fragmentos del fallo.
PRISIÓN DOMICILIARIA INMEDIATA
La jueza Sandra Heredia ordenó que la prisión domiciliaria se cumpla de manera inmediata, con un traslado a Rionegro (Antioquia), donde Uribe declaró residencia; decisión justificada para preservar la convivencia pacífica y evitar la percepción de impunidad.
¿Y EL ABOGADO CADENA?
No se ha emitido un fallo definitivo, sin embargo, su proceso judicial por los mismos delitos de Uribe (soborno en actuación penal y fraude procesal) avanza en paralelo.
La Fiscalía y la Procuraduría solicitaron condenar a Cadena. Ambas sostienen que hay pruebas suficientes para demostrar que intentó manipular testigos, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que se retractara de sus declaraciones contra Uribe. La defensa de Cadena afirma que los pagos que se realizaron fueron “ayudas humanitarias”.
El veredicto final de Diego Cadena está programado para el 15 de agosto.
PROCESO DE APELACIÓN
La defensa de Uribe ha anunciado que apelará el fallo. El caso pasará a un tribunal superior de Bogotá, y la condena no será definitiva hasta que esta instancia se pronuncie.
¿UNA CONDENA POLÍTICA O JURÍDICA?
La defensa sostiene que las interceptaciones telefónicas y grabaciones con un “reloj espía” debieron ser pruebas excluidas por la jueza. Uribe también dice que por llamar la juez Heredia a uno de sus hijos “falto de gallardía” (1/08/2025) al presuntamente compartir el fallo de forma indebida filtrando la información (¿trampa de los mismos Uribe para organizar su apelación?), se trata de una condena política y no jurídica, lo que será el leit motiv de su apelación. El sector uribista del país asegura que el Ejecutivo (Petro) no tiene separación con la rama judicial.
¿URIBE PODRÍA TENER NUEVO PROCESO POR MASACRES ‘DEL ARO’ Y ‘LA GRANJA’?
Diego Stacey dice para El País (ver fuente) que una nueva investigación se centra en crímenes de lesa humanidad ocurridos en Antioquia, Colombia, durante la gobernación de Álvaro Uribe (1995-1997), específicamente las masacres de La Granja y El Aro y el asesinato de Jesús María Valle. Al ser declarados de lesa humanidad, no prescriben.
Se menciona que Valle advirtió directamente a Uribe sobre el peligro que corrían los habitantes de El Aro y La Granja, pero su advertencia fue desestimada, seguido de lo cual Valle fue asesinado.
La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) citó nueve exparamilitares del Bloque Mineros de las AUC para que testifiquen. En tal caso, y si es ratificada la condena contra Uribe en segunda instancia, creo que al expresidente le iría mejor por la JEP, cambiando verdad por penas; oportunidad de diálogo entre las fuerzas de izquierda y derecha para pacificar el país.
EL “VEREDICTO” POR DANIEL CORONELL
En su columna «Veredicto», Coronell pone en evidencia un asunto sistemático: durante la carrera política de Álvaro Uribe son sus funcionarios los siempre condenados, mientras que Uribe, el principal beneficiario, sale ileso y se presenta como víctima.
Caso Yidispolítica: Se compraron votos en el Congreso para la reelección de Uribe. Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, y sus ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio; su secretario de la Presidencia Alberto Velásquez, fueron condenados. Pero Uribe en cambio no fue afectado penalmente.
‘Chuzadas’ del DAS: Los informes de inteligencia llegaban directamente a la Presidencia de la República. Pero terminaron condenados el exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, la directora del DAS María del Pilar Hurtado y otros funcionarios.
La «Casa de Nari»: El secretario de prensa César Mauricio Velásquez y el secretario jurídico Edmundo del Castillo fueron condenados, mientras que Uribe no enfrentó cargos.
La carta falsa de Tasmania: Coronell rememora el montaje para desacreditar al investigador de la parapolítica Iván Velásquez. En este caso, el exparamilitar «el Tuso» Sierra declaró bajo juramento que el propio Uribe dio instrucciones. Sin embargo el único condenado fue el abogado Sergio González.
Y súmenle a eso el caso Agroingreso Seguro: La Contraloría determinó que la sociedad Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., propiedad de la familia de Álvaro Uribe, recibió subsidios por más de $3.297 millones de pesos a través del distrito de riego de Mocarí en Montería, Córdoba (ver fuente). Se descubrió que para acceder a estos subsidios, se amplió la superficie de la finca El Ubérrimo con predios baldíos, lo que fue considerado una irregularidad. Terminó con la condena de Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura de Uribe y éste último ileso.
¿MOTIVARÁ EL FALLO LA INVESTIGACIÓN DE OTROS EXPRESIDENTES?
Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998)
Igual que Uribe pesar de las graves acusaciones y de la condena a varios de sus ministros y funcionarios, el presidente Samper fue absuelto del proceso 8000 por la Cámara de Representantes en 1996.
Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002)
Valdría revisar las acusaciones de corrupción de ese entonces enfocadas en irregularidades en la contratación pública y el caso Dragacol.
Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018)
La campaña presidencial de Santos recibió financiación de Odebrecht para obtener contratos multimillonarios de infraestructura. Mientras en el Perú el expresidente Alan García fue condenado, en Colombia no tuvo consecuencias.
Gobierno de Iván Duque (2018-2022)
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, especialmente en la contratación durante la pandemia de COVID-19, incluyendo sobrecostos y contratos a personas fallecidas o que no cumplían los requisitos, quedaron en impunidad; la Ñeñepolítica que reveló el presunto plan de compra de votos en el Caribe mencionaba al narcotraficante “Ñeñe” Hernández como decisivo en su victoria; otro escándalo denunciado por Robledo, fueron los 500 mil millones de pesos que le regaló en intereses a los banqueros financiadores de su campaña y la de Martha Lucía Ramírez, su vicepresidenta, al endeudar al Estado irresponsablemente con la banca privada; el ‘caso de las marionetas’ del que no se investigó a la mamá de Duque, Juliana Márquez Tono por ser la “madrina” de contratos millonarios; y finalmente ‘la reconstrucción de San Andrés’ con altísimos sobrecostos nunca totalmente explicados.
Gobierno de Gustavo Petro (2022-actualidad). Su hijo, Nicolás Petro, fue acusado de recibir dinero de dudosa procedencia para la campaña presidencial de 2022, sin que este dinero llegara a las cuentas oficiales. Day Vásquez señaló que el ‘Turco Hilsaca’ dio dinero para la campaña Petro Presidente, pero nunca se investigó y ese exparamilitar con prontuario sigue libre y dejando una estela de escándalos a su paso como la contratación del alumbrado público de Neiva por cerca de 150 mil millones, contrato a dedo por el que fue destituido Gorky Muñoz, sin que la Fiscalía nombrada por Petro lo persiguiera (ver fuente). Caso de Laura Sarabia: Un escándalo que involucró el presunto uso irregular del polígrafo que terminó con un coronel muerto en condiciones dudosas. Escándalo de la UNGRD (continuación): Este escándalo, que se originó en el Gobierno anterior, ha salpicado al actual, con acusaciones de sobornos en el Congreso para la aprobación de las actuales reformas. Sin mencionar que permitió la división del Pacto Histórico y la Colombia Humana para allanar el camino de la oposición en aras de que esta aprobara sus reformas en el Congreso: Deslealtad con sus electores.
***
Me gusta creer que el alcance de este fallo será para modernizar el país a través del elemento Justicia. Que tal vez podamos pensar en que los fiscales deberían ser elegidos por cuerpos colegiados académicos a secas -eso le daría mayor legitimidad a los fallos-, al igual que los magistrados de las altas cortes. Ya es hora de despolarizarnos con esas esperadas condenas, y que como colofón, el poder popular se use para que las campañas políticas las financie el Estado, prohibiendo la intervención de la empresa privada de manera taxativa (modelo holandés). ¿Se imaginan un país donde los cacaos ya no ponen políticos al servicio de sus intereses personales?
Amanecerá y veremos…
* Un artículo de 2019 de la Fundación Pares (citando a El Espectador) señala que aunque el capital inicial para la empresa de las Zonas Francas de los hijos de Álvaro Uribe Vélez fue de solo $10 millones de pesos, el valor de los terrenos se disparó a $43.000 millones de pesos.
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