El testimonio de la exasesora María Benavides tiene en aprietos a Guillermo Jaramillo y otros funcionarios del alto gobierno a quien la Corte abrió investigación
El testimonio ofrecido ante la Corte Suprema de Justicia por María Alejandra Benavides, joven exasesora del Ministerio de Hacienda, ha cobrado una fuerza que puede ser demoledora para un amplio grupo de funcionarios -incluidos ministros y exministros de Estado- posiblemente implicados en el escándalo de
corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Cuando consiguió su principio de oportunidad, una figura que implica inmunidad para ella, la exintegrante del equipo de colaboradores más cercanos al entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, Benavides le dijo a la justicia que los recursos saqueados a la Unidad fueron utilizados para comprar conciencias en el Congreso de la República en busca de la aprobación de proyectos sensibles para el gobierno, entre ellos la reforma a la salud.
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De acuerdo con sus declaraciones, las responsabilidades van mucho más allá de las oficinas de los exfuncionarios que hoy están presos y escalan hasta los despachos ministeriales.
Con fundamento en su versión y en otros elementos de prueba, la Sala de Instrucción de la Corte le pidió a la Fiscalía que investigue el papel que habrían podido desempeñar en esta trama otros once altos agentes de la administración pública, entre ellos el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La solicitud, hecha mediante el mecanismo de compulsa o envío de copias de un gran expediente, cobija también a Mauricio Lizcano, exministro de las TIC; a Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo, a Luis Fernando Velasco, exministro del Interior y al propio Ricardo Bonilla.
Moñona de María Alejandra Benavides con su declaración juramentada
En la lista de eventuales procesados aparecen también Kevin Fernando Henao Martínez, exdirector de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior; Alba Nury Martínez Barrera, exasesora y secretaria privada del despacho del ministro de Hacienda; Andrea Ramírez, exasesora principal de Ricardo Bonilla; Jaime
Ramírez Cobo, exasesor de la Jefatura de Despacho de la Presidencia y Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y exdirector de Inteligencia, refugiado actualmente en Nicaragua.
Benavides ya ha declarado ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía y ha ofrecido también detalles sobre el esquema de corrupción en la asignación de contratos a congresistas a cambio de votos para aprobación de créditos del Gobierno Nacional.
La compra de carrotanques para atender zonas vulnerables en La Guajira tendrá también un capítulo especial en el proceso.
La Corte Suprema también investiga a varios congresistas por supuestamente recibir sobornos a cambio de su apoyo legislativo, pero su lista no ha sido consolidada todavía.
Actualmente están presos Olmedo López, exdirector de la UNGRD (interesado en obtener también beneficios judiciales) y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad, quien ya aceptó un acuerdo de colaboración a cambio de una reducción en su condena.
La exconsejera presidencial Sandra Ortiz y el expresidente del Congreso, Iván Name, están afectados también por medidas de aseguramiento, como lo está además Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes.
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