La salud de los educadores colombianos, una cuestión vital para el bienestar de quienes forman las mentes del mañana, está en peligro, pues más de 900 mil docentes en todo el país se enfrentan a un sistema de atención médica marcado por la corrupción y la negligencia, una realidad que debe ser enfrentada con urgencia y determinación.
Es hora de reconocer que la salud de los educadores no es un juego.
Detrás de las falencias y las malas prestaciones en los servicios de salud se esconde una red de corrupción que hay que desentrañar, así que es momento de que la Procuraduría inicie investigaciones exhaustivas sobre Jhon Mauricio Marín Barbosa, presidente de Fiduprevisora, y examine detenidamente a quiénes se les otorgan las licitaciones del Fomag para la prestación de servicios de salud.
Se conoció que las reuniones clandestinas del señor Jorge Rocha, quien controla las operaciones en Antioquia y Chocó, junto con familiares y funcionarios, deben ser objeto de escrutinio. ¿Qué intereses se están sirviendo en estas negociaciones a puerta cerrada? Es alarmante la conveniencia de la presencia de operadores del magisterio en días no laborables y altas horas de la noche en las instalaciones corporativas de la Fiduprevisora, por lo que urge la atención inmediata de la Fiscalía y la Procuraduría, para que estos entes investiguen a fondo estos encuentros para entender su verdadero propósito y las posibles implicaciones.
La figura de Jorge Luis Rocha Paternina, respaldado por su aliado Antonio Jaller y el señor Abel Sepúlveda, emerge como un símbolo de la corrupción que asola el sistema de salud de los docentes, siendo Rocha el ladrón cuallo blanco que controla la salud en Antioquia y Chocó, Jaller en Córdoba, Sucre y Bolívar, y Abel en Tolima y Huila. Pero, ¿qué reciben los educadores a cambio? Un servicio deficiente, lleno de carencias y malas prestaciones.
También, los entes de control deben abrir una investigación a la señora Sandra Gómez Arias, quien durante su presidencia, facilitó la conexión entre Rocha y Fomag, contribuyendo al desfalco de recursos destinados a la salud de los docentes. Todo esto se estaba cocinando mientras que en Fiduprevisora, bajo la dirección de Mauricio Marín Barbosa, se otorga licitaciones a dedo, alimentando un sistema corrupto que deja desamparados a los educadores colombianos.
Es imperativo que la Procuraduría y otras instituciones investiguen a fondo la IPS de Rocha, conocida como Red Vital UT, así como su participación en otros negocios de salud en diferentes regiones del país. Esta red de corrupción debe ser desmantelada para garantizar que la salud de nuestros docentes no sea sacrificada en el altar de la avaricia y la impunidad.
Señor Presidente PETRO este texto lo hacen los más de 900 mil docentes y es urgente su acción inmediata.
La salud de los educadores no puede seguir siendo una moneda de cambio en manos de corruptos. Es hora de actuar, de erradicar este cáncer de la corrupción del sistema de salud, para que los educadores puedan recibir la atención médica digna y de calidad que merecen.
