Hace cuatro años, el 1 de octubre del 2020, arrancó lo que se presentó como la gran alternativa para el suministro de energía de la Costa tras la liquidación de Electricaribe y los veinte años de penurias para la región Caribe, con cortes permanentes de luz y sin inversiones importantes en las redes de infraestructura.
La crisis financiera de Electricaribe y su incapacidad de responder por el servicio se profundizó, y en 2016, el gobierno Juan Manuel Santos con Germán Arce como Ministro de Minas y Energía, decidió la intervención de la empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, lo que le implicó el gobierno nacional tomar el control de 21 sedes en la Costa Atlántica.
La solución se volvió de tal urgencia para los habitantes de la región, que el candidato Ivan Duque tomó como bandera de campaña encontrar una solución de fondo, y fue la arquitecta su Ministra de Minas y Energía, Maria Fernanda Suarez, quien ahora es la actual Presidente del Banco Popular del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo.
La solución no resultó y las quejas por el costo de las tarifas y las interrupciones permanentes del suministro de los habitantes de La Costa no han parado. Es más aumentan cada día. Y lo peor las dos empresas que se quedaron con el negocio Air-E liderada por Alberto Ríos Velilla y Afinia de Empresas Públicas de Medellín no solo fracasaron, sino que están en una emergencia económica que llevó a la Superintendencia de servicios a intervenir la primera y a advertir que van en la misma dirección para la segunda.
Afinia fue una de las empresas que el ex alcalde Daniel Quintero tomó por cuenta propia y según múltiples denuncias la habría aprovechado para beneficio personal. Antes de dejar la gerencia de EPM, Jorge Carrillo tomó un crédito por $ 500 mil millones con Davivienda. Carrillo logró llegar a la presidencia de ISA en medio de duras cuestionamientos a su gestión en EPM y a su incondicionalidad con el alcalde Quintero quien preside la junta directiva.
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El reparto de la Costa entre Afinia y Air-E
La decisión del gobierno Duque fue dividir la prestación del servicio en dos zonas: Caribe Mar y Caribe Sol, y abrir un proceso de licitación pública. Caribe Mar le fue adjudicada a Empresas Públicas de Medellín – EPM, a través de su filial Afinia con la cual atiende los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar. Caribe Sol, que opera con el nombre de Aire y presta servicio a los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena, le fue adjudicada al consorcio Energía de la Costa, conformado por las empresas Latin American Corp S.A. E.S.P y la Empresa de Energía de Pereira, dos entidades bajo el control del empresario antioqueño Alberto Rios Velilla.
La incursión de Ríos en el sector eléctrico había sido hasta entonces exitosa. Logró hacerse a un importante capital producto de las ventas de los activos la Compañía Energética del Tolima S.A. ESP – Enertolima, propietaria de la red de distribución de energía en el Tolima y que prestaba el servicio de distribución y comercialización de energía al departamento. La cual vendió en marzo de 2019 por valor de $ 1.68 billones a Epsa, filial de Celsia del Grupo Argos, dando como resultado una nueva empresa, Latin American Capital Corp S.A. ESP, donde Rios tiene una importante participación.
Una empresa de energía quebrada en Pereira convertida en la gran oportunidad
Rios Velilla vio hace años en la Empresa de Energía de Pereira una oportunidad de inversión. Esta se encontraba en el 2008 ad-portas de una intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ante unas pérdidas acumuladas por más de $ 36.000 millones. La solución del Municipio fue buscar un socio estratégico, que resultó siendo la compañía de inversiones Eninsa, un consorcio con un buen músculo financiero que tras un proceso de capitalización, se quedó con el 49 % de la empresa.
Por esa ruta llegó el antioqueño Rios a la electrificadora pereirana. Los accionistas de Eninsa eran entre otros, Enertolima, Servigenerales, Kapital Energy (de los hermanos Nule), Luis Alberto Ríos Velilla, Manuel Nule Velilla, John Jairo Toro, quienes pasaron a tener su control y administración.
Alberto Rios Velilla fue cuestionado por su relación con los Nule, pero logró demostrar que ni su empresa, ni Enertolima eran del llamado Grupo Nule. John Jairo Toro, además de inversionista, fue su gerente entre 2003 y finales de 2014, y representante legal de Air-e hasta marzo del 2023, responsable de la operación en la Costa, con lo cual se evidencia la estrecha relación con el consorcio. El actual gerente general es Santiago Posso Marmolejo.
Fue a través de Latin American Capital Corporation que Alberto Rios entró al negocio de la energía en el Caribe y para ello constituyo Air-e con sede en Barranquilla. Esta entró a formar parte del conglomerado de empresas que tiene presencia en buena parte del territorio colombiano y de Panamá prestando servicios de aseo, alumbrado público, energía y acueducto.
Es hermano de los empresarios Javier, Carlos y Rubén Ríos Velilla, quienes a través de Global Public Service controlaban Inversiones Alsacia, una empresa chilena que operó la Unidad de negocio 1 de Transantiago, el sistema de transporte masivo de Santiago de Chile, que luego de no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes de ese país se acogío a una reorganización judicial y demandó al Estado chileno ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) por violación del tratado de libre comercio entre Colombia y Chile, la cual fue rechazada. La sociedad fue disuelta en mayo de 2022.
La familia Ríos Velilla también ha sido socia en Transmilenio y en el Sitp. Alberto es dueño de las compañías de basuras Servigenerales y Aseo Capital (cuyas acciones vendió en 2012 pero recompró en 2014) Servigenerales además es socio de Empresas Públicas de Armenia EPA, de la Empresa de Energía de Pereira y del negocio de TuLlave que se ocupa del recaudo de los pasajes del Transmilenio.
Además de sus actividades en el mundo empresarial Ríos Velilla no ha sido ajeno al mundo de la política, como una gran cercanía a Germán Vargas Lleras de quien es su amigo personal desde hace tres décadas y lo ha acompañado en sus campañas políticas. Su hijo Felipe fue concejal de Bogotá por Cambio Radical y fue quien asumió las riendas en el arranque de Air-e y se trasladó a vivir a Barranquilla para poner a marchar la recién nacida compañía.
La proximidad de Ríos con Vargas Lleras es tal que cuando fue ministro de Vivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos, se declaró en el Consejo de Ministros formalmente impedido para actuar en cualquier sector de la economía que tocara con los negocios de Alberto Ríos Velilla. Ambos tienen en común también la cercanía con el abogado penalista Jaime Lombana quien asumió el lunes 9 de septiembre la vocería frente a los medios de comunicación para advertir las dificultades financieras en que las que se encontraba Air-e antes de ser intervenida al otro día por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos en cabeza de Dagoberto Quiroga, quien pasó de la representación legal de la Colombia Humana, el partido del Presidente, a la Super.
Son tres los departamentos Atlántico, La Guajira y Magdalena con 1,21 millones de clientes a los que se comprometió Air-e a proveer de energía, un negocio por el que Ríos Velilla pagó $ 285 mil millones. Con unos activos estimados de $ 2,76 billones, el plan de inversiones estaba a diez años con un costo de $ 3.7 billones que incluía la ejecución de 240 proyectos solo en el primer año para mejorar la calidad del servicio, pero la meta no se cumplió y la empresa se reventó a los 4 años. Sus dueños fueron los que pidieron la intervención de la Superintendencia de servicios públicos sino antes haber pasado por un proceso de reorganización, lo que hace pensar que la situación había llegado a un punto crítico. Un revés que nunca calculó el exitoso empresario Alberto Ríos Velilla.
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