Con esta manifestación en la Plaza de la paz, que habría financiado el clan Torres antes del inicio de la campaña, Petro habría infrigido la Ley electoral
Además de la violación de los topes en la financiación la campaña presidencial de Gustavo Petro habría cometido otro delito electoral: haber comenzado la campaña 4 meses antes de la fecha autorizada. Esta investigación está en el Consejo Nacional Electoral en manos de Alfonso Campo, vallenato exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el gobierno Duque quien es hoy magistrado en representación del partido Centro Democrático. Es un duro contradictor del Presidente.
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De acuerdo con el calendario electoral de la Registraduría para las elecciones presidenciales de 2022, la fecha reglamentaria para comenzar la campaña era el 29 de enero de 2022, es decir, cuatro meses antes de la Primera Vuelta según lo estipula la Ley 996 de 2005. Sin embargo, el CNE recibió denuncias de que desde mucho antes el entonces senador Gustavo Petro ya estaba impulsando su candidatura a través de eventos multitudinarios en varias regiones del país, entre los cuales hay uno que se destaca por encima del resto.
Se trata del famoso evento de la P gigante que tuvo lugar en Barranquilla, el cual se volvió de relevancia nacional cuando el hijo mayor del Presidente, Nicolás Petro, aseguró que fue financiado por el polémico empresario de la Costa, Euclides Torres, un superpoderoso del sector transporte.
El Presidente siempre ha asegurado que esto solo fue una reunión política que tenía derecho de hacer. Sin embargo, Campo recopiló pruebas que demostrarían que no es el caso y por eso pide en su ponencia que se le formulen cargos. Eso sí, la única represalia posible sería una multa no menor a $18 millones y no mayor a $185 millones.
El debate sobre el fuero del Presidente y la legalidad de la investigación por presunta violación de topes por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue viva. El Presidente y su abogado Adalberto Carvajal, quien también aspira a la Procuraduria, insisten en que solo la Comisión de Acusaciones de la Cámara puede investigar al Presidente. Sin embargo el proceso continúa en el Consejo electoral en simultánea a la seguidilla de trinos que el Presidente ha publicado advirtiendo de que se trata de una maniobra que asimila a un golpe de estado blando para sacarlo del poder.
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