El negociazo de inmovilizar carros y motos en Bogotá al que la Contraloría le puso la lupa

Al consorcio de los hermanos Duque Corredor le quedan 4 años para exprimir el contrato con el que se quedan con el 82% de los 134 mil millones que recaudan

Fue el alcalde Enrique Peñalosa el que le otorgó el mega negocio a la promesa Consorcio Promesa sociedad fututa GYP S.A.S en el 2017 mediante la licitación pública # 052 de 2017. El 5 de enero, la Secretaria Distrital de Movilidad en cabeza de Juan Pablo Bocarejo firmó la resolución y se formalizó el contrato # 114-2018 para el manejo de servicios de parqueaderos y grúas para los vehículos y motos inmovilizados en Bogotá. Se firmó un contrato Leonino para el Distrito que se queda solo con el 17,7% de los recursos que se recauden mientras que el 82,3% es para los privados entre cuyos propietarios están los hermanos William y Javier Duque Corredor.

Aunque el contrato se firmó el 23 de enero de 2018, el acta de inicio se dio el 9 de febrero y las actividades comenzaron en abril de 2018 tienen todavía cuatro años por delante hasta completar los 10 años, es decir que el contrato terminará en abril de 2028. El consorcio Promesa sociedad futura, está conformado por las siguientes empresas: Mape y Gama ingeniería LTDA. Concimental S.A.S, William Mauricio Duque Corredor, Javier Andrés Duque Corredor. Quienes manejan el servicio de patio y grúas en Bogotá.

Inmovilizar motos, el gran negocio

Llama la atención que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 22 de febrero de 2024, fueron inmovilizados 331.188 vehículos es decir 219 carros al día y 6.624 vehículos al mes, de este total 193.444 son motocicletas 91.140 son carros, 23.838 corresponde a camionetas y el resto a otro tipo de vehículos. El verdadero negocio, está en la inmovilización de motos porque se pueden cargar 7 en el mismo vehículo espacio que ocupa un solo carro, de todas las inmovilizaciones de carros que se realizan en la ciudad las motocicletas tienen el 64%.

Las Localidades de Bogotá donde más se registran inmovilizaciones de vehículos, son aquellas que están cerca a los patios como: puente Aranda, Kennedy. Engativá, Chapinero y Fontibón. Entre enero de 2020 y 22 de febrero de 2024, en Fontibón fueron inmovilizados 45.169 carros, en Kennedy 34.523, Chapinero 32.428 y en Engativá 31.231, mientras que Localidades grandes que están al sur de la ciudad, curiosamente presentan los registros más bajos en materia de inmovilizaciones de automóviles, al parecer por estar más retiradas de los patios como es el caso de Ciudad Bolívar con 9.412 inmovilizados, Usme 6.380, Rafael Uribe Uribe con 5.049 y la Localidad de San Cristóbal con 4.728.

Uno de los ejemplos claros del negociazo es que si un propietario de una moto que fue inmovilizada, logra retirarla el mismo día pagará $40.300 por parqueadero y $182.000 por la grúa para un total de $222.300 sin contar el comparendo, pero si la retira al tercer día de la inmovilización la tarifa se le incrementa hasta $366.200, esto significa que el negocio es inmovilizar los carros y motos los fines de semana para que el dueño demore 3 días en retirarlo de los patios. Así las cosas, después de 3 días los carros livianos pagaran $602.900, carros medianos $706.900 y los carros pesados $1. 576.500.

Un negocio odiado por conductores y dueños de vehículos, motos y busetas

En una auditoria adelantada por la Contraloría de Bogotá al contrato de concesión # 114 de 2018 en la vigencia 2018 y 2019 detectaron que hay una baja rentabilidad para la Secretaría de Movilidad, ya que ésta debe contratar y pagar el contrato de interventoría e incurrir en varios gastos administrativos. En diciembre de 2021, la Contraloría de Bogotá volvió a realizar otra auditoria al contrato 114 de 2018 en el que detectó varios Hallazgos Administrativos con incidencia disciplinaria por falta de planeación de la Secretaría de Movilidad, porque el contrato no cuenta con una interventoría continua, afectando de esta forma la efectividad al seguimiento del contrato.

Igualmente señaló el ente de Control que el contrato # 114 de 2018, desde sus inicios hasta la fecha ha tenido 4 interventores distintos y al haber suscrito contratos anuales de interventoría, transgredió el principio de Economía (Artículo 25 de la Ley 80 del 1993), generando procesos contractuales antieconómico porque cada año han estado realizando nuevos procesos de contratación. Debido a esta situación, durante 21 días el contrato no tuvo interventoría, y al revisar el tema, la Contraloría determinó que el Consorcio Transcapital, no inició el contrato al finalizar el anterior interventor Consorcio CP 2019 porque no tramitó ante la DIAN el RUT que no fue entregado a tiempo.

Según el ente de control al 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con el reporte de la interventoría del Consorcio Transcapital, evidenció que el concesionario no había cumplido con las diferentes acciones en un plan de mejoramiento impuesto por la contraloría para dar cumplimiento al contrato, y tan solo tenía un avance del 26% frente al avance total. Indicó además que, al haberse suscrito 4 contratos de interventoría en desarrollo del contrato 114 de 2018 se evidencia la falta de planeación, seguimiento y control por parte de la Secretaría de Movilidad.

El 16 de abril de 2021, la Secretaría de Movilidad de Bogotá a través de la Resolución 27829 de 2021 y teniendo en cuenta la auditoria de la Contraloría de Bogotá, así como las denuncias de los ciudadanos y por las irregularidades que se estaban cometiendo en el traslado de los vehículos a los patios, sancionó con una multa al consorcio GYP S.A.S por no prestar bien su servicio, incumplimiento en sus obligaciones contractuales, no acatando las especificaciones técnicas en el traslado de Vehículos inmovilizados a los patios. La multa fue tasada en $136.373 millones y quedo en registros fotográficos y fílmicos las irregularidades cometidas por los contratistas, la entidad corroboró en 7 casos puntuales el incumplimiento y las irregularidades cometidas al momento de realizar los procedimientos.

La interventoría, otro gran contrato que firmó la alcaldía de Peñalosa y lo sostuvo Claudia López

El contrato de interventoría más reciente suscrito por la Secretaria de Movilidad para hacer seguimiento al contrato 114 de 2018 se hizo con el Consorcio Empreger S.A.S Contrato # 921 de 2022 por un tiempo de 19 meses con un valor inicial de $6.108.271.988 millones, se firmó el 29 de mayo de 2022 hasta el 28 de diciembre de 2023 y tuvo 2 prorrogas, la primera por 2 meses hasta el 28 de febrero de 2024 con una adición de $2.154.247.004 millones. La segunda prórroga fue por 6 meses hasta el 28 de agosto de 2024 con una adición de 8.905.494.990 millones.

Este contrato se firmó un año antes de terminar la administración del exalcalde Enrique Peñalosa en 2018 cuando estuvo como secretario de Movilidad de Bogotá Juan Pablo Bocarejo y en el gobierno de la exalcaldesa Claudia López se firmaron las prórrogas a los contratos de interventoría por la exsecretaria de Movilidad Deyanira Ávila.  

Un modelo hecho para que los carros permanezcan tres días en los patios

En un debate de control político que se realizó recientemente en el Concejo de Bogotá convocado por el Cabildante del partido Nueva Fuerza Democrática Emel Rojas Castillo, denunció que este sistema y el mismo contrato es un negocio que está diseñado para que la persona afectada se demore hasta 3 días para retirar su vehículo de los patios. Rojas Castillo pidió a la administración de Carlos Fernando Galán cancelar ese contrato con la firma GYP S.A.S, al tiempo que le sugirió a la secretaría de Movilidad de Bogotá expedir una norma que regule el funcionamiento de las grúas en la ciudad y esperar que sea aprobado el proyecto de Ley que impediría llevarse las motocicletas a los patios por cualquier motivo.

Por su parte la Procuraduría General de la Nación, ante todo este escándalo por las irregularidades denunciadas y la millonada de plata que le queda al contratista en el contrato de patios y grúas. El pasado 13 de agosto, Abrió una indagación preliminar contra funcionarios de la Secretaría de Movilidad por presunto detrimento patrimonial.

El ministerio público busca establecer si de los ingresos generados por la concesión a la ciudad solo le llega el 17,7% mientras que el contratista se queda con el 82,3% del total del recaudo, por lo cual la Procuraduría Segunda Distrital de instrucción ordenó la práctica de pruebas pertinentes para esclarecer los hechos. Lo cierto es que como están las cosas y a pesar de las investigaciones los socios del consorcio ganan cada día más en este acuerdo desigual con el Distrito que firmó el alcalde Enrique Peñalosa.