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En un país donde la energía ha sido sinónimo de progreso, Colombia enfrenta hoy un escenario que pocos imaginaron hace apenas una década: la importación de gas para hogares y comercios, un lujo que durante 45 años no fue necesario. La gráfica que Aurelio Suárez compartió en X es un golpe de realidad: la producción de gas de Ecopetrol cayó de 139,400 barriles diarios equivalentes en 2022 a 84,900 en 2024, un desplome del 39% en apenas dos años.
#GAS @NaturgasCol
En 2022, Ecopetrol produjo 139.400 barriles diarios equivalentes en gas.En 2023 cayeron a 91.600 y en 2024 a 84.900.
Nada se hizo pese a evidente descenso y ahora proponen negocio con Qatar 🇶🇦? Negligencia o interés oculto? @MinEnergiaCo @usofrenteobrero pic.twitter.com/QnAwCec5sW— Aurelio Suárez | Cuenta oficial* (@AurelioSuarez) April 11, 2025
Y mientras el gobierno de Gustavo Petro propone ahora importar gas desde Qatar, los hogares más pobres del país enfrentan el riesgo de cocinar con leña o, peor aún, de no cocinar. ¿Cómo llegamos a esto? La respuesta tiene un nombre: Irene Vélez, exministra de Minas y Energía, y su apuesta por la teoría del decrecimiento.
El dogma del decrecimiento: Una apuesta arriesgada
Irene Vélez Torres, quien ocupó el Ministerio de Minas y Energía entre 2022 y 2023, llegó al cargo con un discurso que resonaba con los ideales de la izquierda progresista: la transición energética hacia fuentes renovables era impostergable, y Colombia debía dejar atrás su dependencia de los hidrocarburos. Su postura, compartida por el presidente Petro, se alineaba con la teoría del decrecimiento, una corriente que aboga por reducir la producción y el consumo para priorizar la sostenibilidad ambiental y la justicia social. En teoría, suena noble. En la práctica, los resultados han sido desastrosos.
Vélez, una académica con trayectoria en la Universidad Nacional y la Universidad del Valle, no era una improvisada. Su oposición al fracking y a la exploración de hidrocarburos, como se menciona en Hart Energy, era coherente con su visión de un futuro «verde». Pero su gestión ignoró una realidad ineludible: Colombia no estaba lista para dar ese salto.
Según datos de la Universidad de Navarra, el consumo de gas en 2020 ya superaba la producción en un 21.5%, y la generación de energías renovables no avanzaba lo suficientemente rápido para llenar ese vacío. La decisión de suspender nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, una política que Petro ha mantenido, fue el primer clavo en el ataúd de la autosuficiencia energética del país.
Un declive anunciado: La caída de Ecopetrol
El gráfico de Suárez no miente. Entre 2022 y 2024, la producción de gas de Ecopetrol se desplomó, y no fue un accidente. La falta de inversión en exploración, sumada a la parálisis de contratos existentes, dejó al país sin capacidad para responder a su propia demanda. Las reservas de gas, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, alcanzan para apenas 7.2 años a los niveles de producción actuales, y la caída del 7.8% en 2023, reportada por la Universidad de Navarra, solo aceleró la crisis. Mientras tanto, las importaciones de gas se dispararon, alcanzando picos de 278.5 millones de pies cúbicos por día en diciembre de 2023.
Este declive no solo es un problema técnico; es una tragedia social. En un país donde el 30% de la población vive en la pobreza, el gas natural es un recurso vital para cocinar y calentar agua. La importación, como señala Bloomberg, implica costos adicionales que se trasladan a los consumidores. Y adivinen quiénes pagan el precio más alto: los hogares más necesitados, esos que no tienen cómo absorber un aumento en las tarifas ni acceso a alternativas como cocinas eléctricas. La soberanía energética, que Colombia mantuvo durante cuatro décadas, se desvaneció bajo el dogma del decrecimiento.
Qatar y la ironía del «cambio»
La propuesta de Petro de importar gas desde Qatar, anunciada en marzo de 2025, es la cereza del pastel. El presidente, que llegó al poder prometiendo un «cambio», parece haber olvidado que la verdadera transformación no puede construirse sobre la dependencia de terceros. Importar gas desde el Medio Oriente no solo es costoso, sino que expone al país a la volatilidad de los mercados internacionales y a riesgos geopolíticos. ¿Qué pasará si un conflicto en el Golfo Pérsico interrumpe el suministro? ¿O si los precios del LNG se disparan aún más? Los hogares pobres, que ya enfrentan una inflación galopante, serán los primeros en sufrir las consecuencias.
Irene Vélez, quien renunció en 2023 en medio de investigaciones por posible nepotismo, dejó un legado que hoy pesa sobre los hombros de los colombianos. Su apuesta por el decrecimiento, aunque bien intencionada, no tuvo en cuenta las realidades del país. Colombia no es Noruega, con un sistema energético diversificado y un fondo soberano que amortigüe las transiciones. Aquí, suspender la exploración de gas sin un plan sólido para reemplazar esa producción fue como apagar el motor de un avión en pleno vuelo: el resultado era predecible.
El costo humano del decrecimiento
Mientras los tecnócratas debaten sobre sostenibilidad, en los barrios más humildes de Bogotá, Medellín o Barranquilla, las familias enfrentan una realidad cruda. El aumento en los costos del gas las obliga a tomar decisiones imposibles: ¿pagar la factura o comprar comida? En las zonas rurales, donde el acceso a la red de gas es limitado, muchas han vuelto a la leña, con los riesgos que eso implica para la salud y el medio ambiente. La ironía es cruel: una política que buscaba proteger el planeta está empujando a los más vulnerables a prácticas más contaminantes.
El decrecimiento, como lo plantea Irene Vélez, podría funcionar en un mundo ideal, pero Colombia no es ese mundo. Aquí, la teoría del decrecimiento se ha traducido en un retroceso que golpea a los más pobres, mientras los ideales de sostenibilidad se diluyen en la cruda realidad de la dependencia energética. La exministra, con su discurso académico y su rechazo a los hidrocarburos, sembró una semilla que hoy florece en forma de crisis: hogares sin gas, facturas impagables y un país que, por primera vez en décadas, debe mendigar recursos en el extranjero.
Un futuro incierto: ¿Quién responde?
La pregunta de Aurelio Suárez resuena con fuerza: ¿negligencia o interés oculto? La gestión de Vélez y la continuidad de sus políticas bajo Petro sugieren una mezcla de ambas. La falta de planificación para una transición energética real, que combine la explotación responsable de hidrocarburos con el desarrollo de renovables, es una negligencia evidente. Pero las sospechas de intereses ocultos, como las que plantean usuarios en X sobre posibles beneficios en contratos con Qatar o Venezuela, no pueden descartarse en un país donde la corrupción ha sido históricamente un lastre.
Lo cierto es que el decrecimiento, tal como lo impulsó Irene Vélez, no solo ha fracasado en su promesa de justicia social y ambiental, sino que ha profundizado las desigualdades que decía combatir. Mientras el Gobierno busca soluciones a corto plazo, como importar gas de Qatar, los colombianos de a pie enfrentan un futuro incierto. La soberanía energética, ese orgullo nacional que nos permitió crecer durante décadas, se ha convertido en un recuerdo lejano, sacrificada en el altar de una teoría que nunca entendió las necesidades del pueblo.
Hoy, mientras las familias más humildes encienden fogones con leña o apagan sus estufas para ahorrar, el legado de Irene Vélez pesa como una losa. El decrecimiento, que prometía un futuro más justo, ha traído en cambio un presente de carencias. Y en este escenario, una verdad se impone: las ideas, por más nobles que parezcan, no pueden ignorar la realidad de un país que aún necesita encender sus cocinas para sobrevivir. Colombia merece un cambio real, no un retroceso disfrazado de progreso.
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